La Costumbre del Poder: Alientan la confrontación entre originarios y mexicanos VIII/VIII

 Gregorio Ortega Molina 23 de agosto de 2019 – 00:13
¿Dónde, entonces, las autoridades legalmente constituidas? ¿El mandato constitucional de los representantes de la sociedad en el Congreso de la Unión, y en los de los estados?
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Basta ya del mito de la diversidad “racial y originaria de México”. Lo favorecieron quienes deseaban segregar a los verdaderos pobladores originarios. Me pregunto si desde el momento que en 1521 cayó Tenochtitlán todavía hay necesidad de hablar de pureza étnica. Así nada más se favorecen discriminación y racismo.

Coincido, es necesario preservar la riqueza cultural, la pluralidad de idiomas, para favorecer la identidad nacional, nunca atomizarla. Estudien historia, así nacieron las peligrosas ideologías segregacionistas, la idea de reparación y del espacio vital. Así se propician crímenes de odio, como el recientemente ocurrido en El Paso.

Es tiempo de cordura y reflexión, y modificar la ley propuesta en 2011 y la que ahora circula entre los vecinos de los mal llamados pueblos originarios. ¿Por qué? Veamos.

“Los pueblos y barrio originarios y las comunidades indígenas, tienen el derecho de elegir a sus autoridades o representantes de acuerdo con sus sistemas normativos para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno; así como para la organización de sus actividades social, económica, y formas de trabajo colectivo y culturales de sus comunidades, quienes serán reconocidas por las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

“En los procesos electivos de las autoridades tradicionales o representantes de los pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas, sus órganos o instancias de autoridad electoral garantizaran los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

“Las autoridades y representantes establecidos en el artículo anterior tienen, de forma enunciativa más no limitativa, las siguientes funciones:

“I. Representar los intereses colectivos de la comunidad, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los integrantes de su comunidad; II. Proponer y en su caso realizar con las autoridades correspondientes proyectos de desarrollo comunitario integral a la comunidad; III. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea; IV. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica para promover la participación ciudadana; V. Promover la participación de los integrantes de su comunidad para la resolución de los problemas colectivos; VI. Proponer, fomentar y promover el desarrollo de las actividades de las Comisiones de Apoyo Comunitario conformadas en la Asamblea comunitaria; VII. Convocar y presidir las Asambleas Comunitarias; VIII. Emitir opinión sobre los programas de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia…”.

¿Dónde, entonces, las autoridades legalmente constituidas? ¿El mandato constitucional de los representantes de la sociedad en el Congreso de la Unión, y en los de los estados? ¿Qué de la observancia de los mandamientos legales federales, en procuración y administración de justicia?

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La Costumbre del Poder: Alientan la confrontación entre originarios y mexicanos VII/VIII

 Gregorio Ortega Molina 22 de agosto de 2019 – 00:13

Así se siembra la semilla de la discordia, de la confrontación, pues se supone que todos debemos estar sujetos a una misma Constitución e idénticas leyes, pues si somos una sola nación, una misma patria, ¿por qué establecer diferencias?

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¿Puede ocurrir en México lo sucedido el sábado 3 de agosto en El Paso, Texas? Ya ocurrió. El odio no tiene patria, se alienta lo mismo desde el poder terrenal que desde la fe. Lector, sólo busca información de lo ocurrido en Canoa, para que comprendas que, incluso desde el púlpito, se alimentan los miedos y las ganas de matar.

Hoy, desde el seno de la República, el escarnio verbal, la narración política, la ausencia de creatividad, favorecen que los mexicanos se vean con recelo unos a otros, y alienten deseos de venganza. También los dotan de instrumentos legales. Veamos.

Dicen en la Ley propuesta en 2011: “Los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas podrán resolver sus conflictos y de acuerdo a sus sistemas normativos.Se deberá respetar los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres.

“El Estado reconoce la validez de los sistemas normativos internos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y, en general, de la prevención, regulación y solución de conflictos al interior de cada comunidad, siempre y cuando no contravengan la Constitución, el Estatuto de gobierno ni vulneren los derechos humanos.

“Las decisiones tomadas por las autoridades correspondientes de las  entidades de derecho público reconocidas en esta ley con fundamento a sus sistemas normativos dentro de sus ámbitos de competencia, deberán ser respetadas por las autoridades locales respectivas, para ello estas mantendrán comunicación permanente con las autoridades tradicionales para coadyuvar a que sus sistemas normativos sean adecuadamente reconocidos y respetados por personas e instituciones ajenas a ellos, así como para la correcta coordinación entre ambos sistemas, para la resolución de conflictos competenciales y la implementación de los mecanismos de homologación en su caso.

“Cuando se presente un asunto frente a las autoridades administrativas o judiciales que sea competencia de la autoridad tradicional, aquellas declinarán su competencia a favor de esta, y le remitirá las personas y objetos relacionados.

“Al revisar las resoluciones y la competencia de las autoridades tradicionales, la autoridad jurisdiccional correspondiente deberá tener como fuente de Derecho los sistemas normativos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas y en caso de duda sobre ésta, deberá solicitar estudios sociológicos, antropológicos u otros que estime necesarios”.

Así se siembra la semilla de la discordia, de la confrontación, pues se supone que todos debemos estar sujetos a una misma Constitución e idénticas leyes, pues si somos una sola nación, una misma patria, ¿por qué establecer diferencias? Pero allá nos llevan.
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La Costumbre del Poder: Alientan la confrontación entre originarios y mexicanos VI/VIII

Gregorio Ortega Molina 21 de agosto de 2019 – 00:13
¿Pueden imaginar, lectores, a la Ciudad de México administrada por sus alcaldías y, dentro de algunas de ellas, un autogobierno interno, cuya responsabilidad corresponde a los consejos de los pueblos originarios? Pues allá nos llevan
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Son pacientes los evangélicos, pues lo que hoy intentan sembrar en la Ciudad de México, al menos desde 2011, lo hacen en el territorio nacional a través del Instituto Lingüístico de Verano, desde los años 70; consolidaron su primer estandarte con el neozapatismo. Los obispos con “responsabilidad social” se sumaron a esa narrativa, y es por ellos que México puede ver desmembrado su territorio, otra vez.

¿Qué es lo que ahora exigen, a través de una legalización de acciones que atentan contra la vida de la República? En la Ley de 2011 aspiran a:

Derechos colectivos: es el conjunto de derechos propios de las Entidades de

Derecho Público reconocidas por esta ley que se expresan y se ejercen en el ámbito colectivo mediante sus instituciones, autoridades, creencias, proyectos de vida, sistemas normativos, y cualquier elemento sociopolítico o cultural… y que en su conjunto conforman el derecho a la autonomía y libre determinación.

Sistemas normativos internos: conjunto de normas jurídicas, principios, valores y procedimientos generalmente no escritos, que sustentan la administración de justicia impartida por las Entidades de Derecho Público reconocidas por esta ley al interior de sus comunidades, siempre que sean compatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, por lo que representan un sistema jurídico que se caracteriza por ser oral y público a través de sus propias autoridades tradicionales.

Instituciones propias: Son aquellas instancias que forman parte de la organización de las Entidades de Derecho Público reconocidas por esta ley, que son representativas del colectivo, como pueden ser los consejos de ancianos, consejos de pueblo, asamblea general, Junta de Principales…

Participación: Es la intervención directa y preferentemente vinculante de los comunidades indígenas y pueblos originarios en el diseño, planeación e implementación de políticas y programas de desarrollo, y en la administración paulatina de esos programas mediante sus instituciones propias.  Participación política: Es el ejercicio de los derechos políticos por parte de los integrantes de los Pueblos y barrios Originarios y las comunidades indígenas en los órganos de gobierno políticos y administrativos del Distrito Federal, definido en términos de las leyes conducentes…

Me pregunta si los representantes políticos de los habitantes de la República, conocen el peso y las consecuencias de emitir leyes como la anterior, con el agravante de que terminan por no hacerse responsables y se ocultan en el anonimato del conglomerado de la Legislatura. Seguramente se dicen: fuimos todos.

¿Pueden imaginar, lectores, a la Ciudad de México administrada por sus alcaldías y, dentro de algunas de ellas, un autogobierno interno, cuya responsabilidad corresponde a los consejos de los pueblos originarios? Pues allá nos llevan.

 

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La Costumbre del Poder: Alientan la confrontación entre originarios y mexicanos V/VIII

 Gregorio Ortega Molina 20 de agosto de 2019 – 00:13
 
*Lector, ¿Qué ha cambiado? Ni la Ley de 2011 ni la que ahora proponen, insertarán a los pueblos originarios en esa 4T, que todavía es un espejismo
 
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En la administración pública los políticos hacen su cochinero para garantizar su clientela electoral y sus bases “sociales” y a sus golpeadores, pero somos los que pagamos impuestos y sí salimos a trabajar, los que sufrimos las consecuencias de sus sabias decisiones y acertadas componendas.

Terminan por crear leyes que sólo profundizan los irresolubles problemas y favorecen los enconos verbales de los mexicanos contra sus gobernantes, y entre miembros de la sociedad que comparten, sin darse cuenta que se agraden a ellos mismos, los de siempre, los de mañana.

Todavía en la exposición de motivos de la ley promulgada en 2011, se indica: “El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que versa sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales -del cual fue promotor nuestro país, firmado y después ratificado por las instancias legislativas correspondientes- determina en su artículo 6, fracción 2: Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas; y en su artículo 7, fracción 1: Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

“El Derecho a la Consulta es la piedra angular del Convenio, ya que exige que los pueblos indígenas puedan participar de manera eficaz en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses. Garantiza que los gobiernos deberán: … establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin”.

La conclusión sólo puede ser la nota dejada por Mariano Azuela en sus memorias: “Cuando a raíz del triunfo de la Revolución señalé con absoluta claridad y energía la aparición de una nueva clase de ricos, los falderillos que recogen las migajas de la mesa me ladraron, señalándome como reaccionario. Mi culpa, si culpa puede llamarse, consiste en haber sabido ver entre los primeros lo que ahora todo mundo está mirando y de haberlo dicho con mi franqueza habitual, como consta en mis novelas de entonces. Se me acusa de no haber entendido la Revolución; vi los árboles, pero no vi el bosque. En efecto nunca pude glorificar pillos ni enaltecer bellaquerías”.

Lector, ¿Qué ha cambiado? Ni la Ley de 2011 ni la que ahora proponen, insertarán a los pueblos originarios en esa 4T, que todavía es un espejismo.

 

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La Costumbre del Poder: Alientan la confrontación entre originarios y mexicanos IV/VIII

Gregorio Ortega Molina 19 de agosto de 2019 – 00:13
 
 
El origen, puede constatarse, es el mismo que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial: la tierra, el espacio vital. Idéntico al conflicto agrario de la Revolución, que parece estar muerta y enterrada, pero que por lo pronto ya tiene 4 nuevos municipios autónomos y 7 caracoles más, en Chiapas
 
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Debo dar por hecho que la diputada Guadalupe Chávez valoró los alcances, la dimensión y el origen de dos guerras mundiales y sus consecuencias: entronización del poder económico derivado de una errónea percepción racial del trato entre miembros de una misma sociedad, y entre naciones.

Los originarios fueron; hoy, ellos y todos los demás sólo somos mexicanos, sin perfiles que establezcan diferencias ficticias ni adeudos falsos. Nosotros, todos los integrantes de esta patria, estamos lejos de ser culpables de lo que hicieron nuestros padres. Hoy, la historia nos muestra que los caminos son distintos, para evitar confrontaciones que destruyeninternamente.

“La igualdad que lleva consigo la esfera pública es forzosamente una igualdad de desiguales que necesitan ser igualados en ciertos aspectos y para fines específicos… La igualdad política, por lo tanto, es el extremo opuesto a nuestra igualdad ante la muerte, que como destino común a todos los hombres procede de la condición humana, o a la igualdad ante Dios, al menos en su expresión cristiana”, expuso Hannah Arendt en La condición humana.

Ojo, lo dice la misma autora y sabemos que así es: igualdad no es uniformidad. Es un asunto de derechos constitucionales, y éstos han de defenderse a capa y espada, lejos de los subterfugios de la raza, del origen y de una inventada necesaria reparación, a lo que los supuestamente agraviados, en su momento aceptaron con gusto. Con engaño, si se quiere, pero nosotros no fuimos los timadores, y los que proponen las reformas legales actuales sí pueden serio.

Quienes solicitan el amparo referido el viernes último, su auto-adscriben como originarios del pueblo de Tlacopac; insisten en que esta colonia es un pueblo indígena por sus orígenes previos a la Conquista; señalan que la demarcación está reconocida como pueblo originario, como consta en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del 17 de abril de 2017; además, cuenta con patrimonio cultural, material e inmaterial, derivado de sus tradiciones y costumbres, así como de su traza histórica y arquitectónica; se reconocen, ellos, como una comunidad originaria, con capacidad de organizarse para defender sus derechos.

La propuesta de Ley del 17 de noviembre de 2011 advierte, en su exposición de motivos:

“Ante la pérdida de su calidad como actor de la vida social y económica de nuestra ciudad, de sus tierras habitadas ancestralmente y reconocidas por la Corona española y desamortizadas por los liberales decimonónicos; de la falta de canales institucionales para su representación; y del continuo sometimiento a los intereses de los nuevos procesos de urbanización, que en su conjunto debilitaron sus tejidos sociales y sus rasgos de identidad. Así era el panorama de los llamados pueblos de indios al terminar la revolución mexicana.

“Por ello los pueblos de indios comienzan una lucha de sobrevivencia y de resistencia ante las nuevas exigencias. La lucha por la tierra se convierte en uno de los estandartes más importantes en este período…

“Este reparto agrario, especialmente el ejidal, fue utilizado para el proceso de urbanización que vivió nuestra ciudad. La expropiación no sólo se ha utilizado para obras de infraestructura y servicios; más bien se ha empleado de manera importante para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra en colonias populares. El crecimiento de la Ciudad de México pasó de medio millón de personas en 1910 a 9 millones para el año dos mil. La demanda de suelo para vivienda, la ocupación irregular de la tierra y el crecimiento desmesurado y anárquico de los asentamientos humanos, son algunos de los principales ejes problemáticos del desarrollo urbano y de la tenencia de la tierra, la solución de estos problemas…”.

A lo que aspira la “retocada” propuesta de Ley desborda toda lógica política y social. En su artículo 19 propone: PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN DE CONSULTAS, TENER UN SISTEMA DE JUSTICIA INTERNA, PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CIUDAD, SALVAGUARDAR SUS ESPACIOS PÚBLICOS.

Para el ejercicio de estos derechos las autoridades tradicionales deberán ser autoridades colectivas únicas y electas de acuerdo con los sistemas normativos propios del pueblo o barrio.

Derecho a representación en cargos de elección popular. ¿REFORMARAN LA LEY ELECTORAL PARA QUE LOS PARTIDOS PONGAN CANDIDATOS DE LOS PUEBLOS?

Derecho a la comunicación. LAS AUTORIDADES APOYARÁN PARA QUE LOS PUEBLOS PUEDAN ADQUIRIR, OPERAR Y ADMINISTRAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, IMPRESA Y DE MULTIMEDIA.

Los motivos, puede constatarse, son los mismos que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial: la tierra, el espacio vital, la identidad, el derecho de participación, la autogestión. En el transcurso de la semana anterior el EZLN creo 7 caracoles y 4 municipios autónomos más, constátenlo los que dudan de la hipótesis de estos textos.Idéntico al conflicto agrario de la Revolución, que parece estar muerta y enterrada.

 

http://www.eldictamen.mx, http://www.almomento.mx, 

http://www.analisisafondo.com, http://www.indicepolitico.com, 

http://www.gregorioortega.blog y @OrtegaGregorio

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La Costumbre del Poder: Alientan confrontación entre originarios y mexicanos III/VIII

Gregorio Ortega Molina 16 de agosto de 2019 – 00:13
Conque, diputada Guadalupe Chávez, tome nota, porque usted es sólo un peón en una estrategia mayor para fragmentar al país, otra vez
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Lo que hoy aflora en la Ciudad de México fue inoculado, hace décadas, por El Instituto Lingüístico de Verano. Para ellos lo sucedido en Chiapas desde 1994, es un éxito, y lo mismo desean en esta ciudad. Va más allá de la autogestión, se trata de demoler el orden constituido y por el cual los mexicanos, todos, han luchado desde la consumación de la Independencia.

Las autoproclamadas comunidades originarias de la zona urbana, tienen líderes, que no representan a quienes ellos dicen representar, además de operar políticamente, sin soporte legal alguno. Lo referido por Reporte Índigo es una muestra menor. Ejemplo para motivar alarma, es lo que ocurre entre los “habitantes originarios de Tlacopac”, que se van por la libre para asegurar su presencia y responder a sus agresores -según ellos-, los avecindados y colonos.

El último 20 de febrero, los auto nombrados representantes del consejo del Barrio Originario de Tlacopac, María de la Luz Pineda Ortega, Pedro Locano Ortiz, Octavio Antonio Colmenares Grunberger y Gil Reyes Fernández -éste resulto además nombrado representante común-, solicitaron un amparo administrativo en contra de las autoridades de la Ciudad de México y de la Alcaldía de Álvaro Obregón, por:

La omisión de realizar la consulta previa, a fin de obtener el consentimiento libre e informado del pueblo originario de Tlacopac, respecto de la emisión de los certificados únicos de zonificación de uso del suelo otorgados para la realización de obras de construcción.

Al revisar la lista, resulta que algunas de esas construcciones se hicieron, otras están en proceso, fuera de la considerada como demarcación del pueblo originario de Tlacopac.

Alarma la manera en que proceden, como lo constataremos el próximo lunes, porque, como advierte Hannah Arendt en La condición humana: “Que los actos que posean tan enorme capacidad de permanencia (las leyes, supongo), superior a la de cualquier otro producto hecho por el hombre, podría ser materia de orgullo si fuéramos capaces de soportar su peso, el peso de su carácter irreversible y no pronosticable, del que el proceso de la acción saca su propia fuerza. Los hombres siempre han sabido que esto es imposible. Tienen plena conciencia de que quien actúa nunca sabe del todo lo que hace, que siempre se hace culpable de las consecuencias que jamás intentó o pronosticó… y por más desastrosas que sean esas consecuencias de su acto, no puede deshacerlo”.

Regresamos a la propuesta actual. En su artículo 9° indica que el Gobierno de la Ciudad emitirá los lineamientos para el reconocimiento y registro del pueblo. ESTO DEBERÍA SER MATERIA DE LA LEY, YA QUE ES LA CLAVE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS DE LA LEY; y en su artículo 14. Reconocimiento de las autoridades y representantes tradicionales: “Serán reconocidos en el ejercicio de sus funciones por las autoridades de la ciudad”. PERO NO DISPONEN COMO SE RECONOCERÁN. ¿SI HAY DISPUTAS INTERNAS, COMO SE RESUELVEN PARA PODERLOS RECONOCER? En todo caso la autoridad tendría que intervenir en el proceso de elección.

Conque, diputada Guadalupe Chávez, tome nota, porque usted es sólo un peón en una estrategia mayor para fragmentar al país, otra vez.

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La Costumbre del Poder: Alientan confrontación entre originarios y mexicanos II/VIII

Gregorio Ortega Molina 15 de agosto de 2019 – 00:13
A lo que los pretendidos integrantes de los supuestos consejos de los pueblos originarios de la Ciudad de México aspiran, es a que los Acuerdos de San Andrés Larráinzar se hagan efectivos en sus comunidades, para autogestionarse, en todo modo
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La I Legislatura de la Ciudad de México parece satisfacerse en el capricho de brillar por su torpeza. Nada han dicho de la Ley propuesta en 2011 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que aspiraron a normar la relación de los pueblos originarios con su entorno y la autoridad legalmente constituida.

Pero hoy son diputados y no asambleístas; desean promover la regeneración nacional a su manera, sin detenerse a considerar el peso y las consecuencias de sus decisiones, porque una vez aprobadas las leyes, adquieren vida propia, y también respiran por la herida que causan, o el daño sufrido.

No se trata de una colonia, una demarcación. Lo que hoy es el área metropolitana, la gran Ciudad de México, fue constituida, sí, con los habitantes y en los territorios de pueblos originarios; pronto se acoplaron al mestizaje y a la integración cultural, sin menoscabo de su rica tradición ancestral. Se respetan fechas y ritos, fiestas patronales, mayordomías, y en ellas participan los avecindados hace más de 100 años o, al menos 47, como es mi caso.

En investigación de David Martínez, para Reporte Índigo, nos informamos que “la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, acusa que el proyecto de dictamen de ley que presentó el 12 de junio la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional, Guadalupe Chávez, pretende dejar en manos de las autoridades la decisión de consultar o no a las comunidades.

“De acuerdo con los vecinos, el más preocupante de los artículos es el 26. Las medidas administrativas o legislativas podrán ser sometidas a consulta en los siguientes supuestos: I. Por decisión de la autoridad responsable de la medida administrativa o legislativa (…) III. A petición de los pueblos, barrios o comunidades, quienes pueden solicitar el cumplimiento de la obligación de consulta ante una medida susceptible de afectar sus derechos o intereses, previo dictamen fundado emitido por autoridad competente.

“Alejandro Velázquez, abogado de la coordinación, dice que esos apartados de la propuesta de ley son inconstitucionales. Cuando decimos que es un derecho la consulta, es porque los pueblos pueden exigir su ejercicio, lo tienen que hacer sí o sí, pero ahora se hace un criterio restrictivo para que cuando la autoridad quiera, pueda hacer la consulta.

“El texto también estipula que no serán objeto de consulta las acciones en materia fiscal, presupuestal, penal, protección civil, seguridad ciudadana y nacional; así como los trámites ni la estructura orgánica y funcionamiento de los poderes públicos.

“Velázquez menciona que el artículo 27 parece que busca dotar a las autoridades locales de las alcaldías de la facultad para diseñar los órganos o mecanismos para las consultas.

“1. Las autoridades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán órganos técnicos en materia de consulta o mecanismos de coordinación para cumplir con las disposiciones del presente capítulo. El órgano técnico de consulta tendrá por objeto determinar la aplicabilidad, materia y procedimiento de la consulta, así como resguardar la información generada, realizar los informes pertinentes y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados”, refiere el texto.

“Respecto al artículo 29, la coordinación observa que el proyecto legislativo indica que solo se consultará a los habitantes de los pueblos respecto a “afectaciones graves” de sus derechos.

“Se requerirá el consentimiento previo, libre e informado de los sujetos de consulta en el caso de medidas que implican afectaciones graves de derechos de los pueblos indígenas o que ponen en riesgo la supervivencia de un pueblo, barrio o comunidad, previstas en las hipótesis identificadas en el Derecho Internacional”.

Señala la propuesta actual en su artículo 6°:

  1. Lo pueblos, barrios y comunidades… deciden libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico social y cultural…
  2. Los pueblos…tienen el carácter de sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

A lo que los pretendidos integrantes de los supuestos consejos de los pueblos originarios de la Ciudad de México aspiran, es a que los Acuerdos de San Andrés Larráinzar se hagan efectivos en sus comunidades, para autogestionarse, en todo modo.

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