April 25, 2011

— 12:00 am

Para comprender el tamaño de las imposturas -con graves consecuencias- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy pastoreada por Juan Silva Meza, habría que leer las novelas de Leonardo Sciascia. Eluden, sus integrantes, cumplir con el mandato constitucional; disfrazan su inmovilidad con pretendidas campañas de moralización en el proceder de los juzgadores cuando de administrar justicia se trata, como si la conculcación de ese derecho de la sociedad se reflejase exclusivamente en el enriquecimiento ilícito, y no en la indicación política o contaminación ideológica cuando a dictar sentencias se dedican, y peor cuando de sentar precedentes se requiere de la opinión de uno de los señores ministros.

El procedimiento del mandato constitucional es claro. La sentencia de un juez es inatacable desde el punto de vista judicial. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal sólo puede establecer sanciones administrativas. Dicha sentencia únicamente puede ser revisada por un Tribunal Unitario o Colegiado, y si alguno de éstos se equivoca a consideración de una de las partes, la apelación ha de dirigirse a la SCJN. Allí, en materia legal y constitucional, se da la última palabra.

Por otro lado, el PRI propone una nueva reforma al Poder Judicial de la Federación, en la que se establezca la separación administrativa y política de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, lo que sería un error, pues se induciría así el debilitamiento de uno de los tres Poderes de la Unión.

El Poder Judicial de la Federación debe evitar ser instrumento de poder, sin por ello dejar de cumplir con su función política y su mandato constitucional. Para lograrlo, necesita que se le asigne un porcentaje del Presupuesto de Egresos Federal como parte de su presupuesto anual, porque de no ser así, no existirá verdadera independencia de criterio para emitir sentencias, revocar o conceder amparos, siempre en acatamiento al mandato de la Constitución.

Pero parece que la presencia de Juan Silva Meza, a quien la propaganda política nos vendió como la llegada de aire fresco y renovación en el caletre de los togados, nada innovador significa, porque no ha dicho esta boca es mía en lo que atañe a las propuestas de reforma constitucional en materia de seguridad nacional -que ha de votarse hoy en la Cámara de Diputados, o en el transcurso de la semana, antes de concluir el periodo ordinario- presentadas por el presidente de la República. ¿Debe evitar el Poder Judicial un pronunciamiento político en beneficio de la sociedad, cuando se atenta contra sus derechos civiles, legales y constitucionales? ¿Debe esperar la SCJN que los diputados sean insensatos y la aprueben, para que llegue a sus puertas una controversia constitucional, o antes de ser votada debe salir en defensa de la sociedad a la que por mandato está obligada a defender, y advertir a los diputados del error que pueden cometer?

Los once ministros de la SCJN no deben permanecer en la actitud de los tres monos sabios en lo que a las propuestas de Ley de Seguridad Nacional y reformas a la Ley Constitucional Penal se refiere, pues lo que pudiera amenazar a la nación es la dictadura, como corolario de una oscura y perversa represión, pero ¡claro!, sentados en la seguridad de la toga, del cargo y del salario, olvidan su responsabilidad, o al menos la hacen a un lado.

Nos enteran que el proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional, abre la posibilidad al presidente de la República de solicitar la intervención de las fuerzas armadas en contra de <<movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo>>, cuando considere que <<constituyan un desafío o amenaza>> a la seguridad interior.

¿Cómo se determina un desafío o amenaza a la seguridad interna de México, y cómo se establece que éste es de carácter político, electoral, social o del trabajo? ¿Podrían los ministros de la SCJN sentarse a reflexionar en las consecuencias de que eso sea determinado por el grupo en el poder? ¿Puede la SCJN emitir una opinión, o debe esperar a que sea aprobada una barbaridad para hacerla legal? ¿Puede o debe la SCJN opinar de estas reformas constitucionales y de la reforma política, o su función es guardar silencio y someterse a la voluntad del Ejecutivo?

Veamos. El proyecto de dictamen a la minuta del Senado referente a la Ley de Seguridad Nacional, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.

También, como lo solicitó el general secretario Guillermo Galván Galván a la comisión de Defensa, concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y requerirles información con <<cualquier herramienta que resulte necesaria>>, pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.

De allí que Arturo Chávez Chávez insistiese ante el presidente Felipe Calderón que se le aceptara su renuncia. Naturalmente espera la sociedad, esa parte de la sociedad mal vista por Acción Nacional, que prevalezcan la sensatez y el sentido común ante tantas lesiones a los intereses de la nación, pues lo que se perfila es una acción coercitiva de carácter nacional socialista.

Se reclama ya la necesaria presencia de informantes anónimos, como en la peor época de la ocupación alemana por las tropas de Adolfo Hitler, cuando la quinta columna y los colaboracionistas destruyeron la moral de Francia, pues hoy como ayer, se pretende que <<puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección>>.

Sin la Ley de Seguridad Nacional la violación a los derechos humanos, como consecuencia de la guerra “interna” contra la delincuencia organizada, es cosa de un día sí y otro también, ¿qué pueden esperar los familiares de los daños colaterales pasados, presentes y futuros?

Para colmo, las comisiones que revisan la minuta del Senado añadieron un artículo quinto transitorio, que establece que si en un periodo de 90 días a partir de la entrada en vigor de las reformas, los gobiernos de las entidades federativas con presencia del Ejército no solicitan al Ejecutivo la declaratoria de riesgo a la seguridad interior, los operativos cesarán y los militares deberán regresar a sus cuarteles.

Lo que se pretende es que los gobiernos estatales compartan la responsabilidad del Ejecutivo Federal, cuando la Constitución señala puntualmente las facultades y mandato del presidente de la República. Quieren huir de su propia conciencia.

De la declaratoria de riesgo a la seguridad interna a declarar Estado de sitio hay sólo un paso, y de éste a la dictadura, otro, sobre todo cuando se ha constatado que la manera en que se combate al narcotráfico únicamente beneficia a los cárteles de Estados Unidos, a su economía y a su gobierno, como dejó claro la investigación de The Observer.

Ante la posibilidad de que todo esto pueda devenir, rápidamente, en realidad, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, debiera comportarse como se espera de él y promover, entre sus pares, la reflexión de lo que por medio de reformas constitucionales legales se cierne sobre México, para pronunciarse públicamente y evitar así el desastre. Pero puede ocurrir lo contrario, y justificarse en el cargo y no inquietarse por su salario, como si de verdad trabajara, persiguiendo fantasmas que se enriquecen con la administración de justicia, cuando muy pronto esa justicia puede quedar sujeta a los intereses políticos del momento, del partido en el poder, ni siquiera sujeta a los intereses del Estado.

gregorioortega.wordpress.com

@OrtegaGregorio