Ley de Seguridad Nacional e impostura de la SCJN

April 25, 2011

— 12:00 am

Para comprender el tamaño de las imposturas -con graves consecuencias- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy pastoreada por Juan Silva Meza, habría que leer las novelas de Leonardo Sciascia. Eluden, sus integrantes, cumplir con el mandato constitucional; disfrazan su inmovilidad con pretendidas campañas de moralización en el proceder de los juzgadores cuando de administrar justicia se trata, como si la conculcación de ese derecho de la sociedad se reflejase exclusivamente en el enriquecimiento ilícito, y no en la indicación política o contaminación ideológica cuando a dictar sentencias se dedican, y peor cuando de sentar precedentes se requiere de la opinión de uno de los señores ministros.

El procedimiento del mandato constitucional es claro. La sentencia de un juez es inatacable desde el punto de vista judicial. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal sólo puede establecer sanciones administrativas. Dicha sentencia únicamente puede ser revisada por un Tribunal Unitario o Colegiado, y si alguno de éstos se equivoca a consideración de una de las partes, la apelación ha de dirigirse a la SCJN. Allí, en materia legal y constitucional, se da la última palabra.

Por otro lado, el PRI propone una nueva reforma al Poder Judicial de la Federación, en la que se establezca la separación administrativa y política de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, lo que sería un error, pues se induciría así el debilitamiento de uno de los tres Poderes de la Unión.

El Poder Judicial de la Federación debe evitar ser instrumento de poder, sin por ello dejar de cumplir con su función política y su mandato constitucional. Para lograrlo, necesita que se le asigne un porcentaje del Presupuesto de Egresos Federal como parte de su presupuesto anual, porque de no ser así, no existirá verdadera independencia de criterio para emitir sentencias, revocar o conceder amparos, siempre en acatamiento al mandato de la Constitución.

Pero parece que la presencia de Juan Silva Meza, a quien la propaganda política nos vendió como la llegada de aire fresco y renovación en el caletre de los togados, nada innovador significa, porque no ha dicho esta boca es mía en lo que atañe a las propuestas de reforma constitucional en materia de seguridad nacional -que ha de votarse hoy en la Cámara de Diputados, o en el transcurso de la semana, antes de concluir el periodo ordinario- presentadas por el presidente de la República. ¿Debe evitar el Poder Judicial un pronunciamiento político en beneficio de la sociedad, cuando se atenta contra sus derechos civiles, legales y constitucionales? ¿Debe esperar la SCJN que los diputados sean insensatos y la aprueben, para que llegue a sus puertas una controversia constitucional, o antes de ser votada debe salir en defensa de la sociedad a la que por mandato está obligada a defender, y advertir a los diputados del error que pueden cometer?

Los once ministros de la SCJN no deben permanecer en la actitud de los tres monos sabios en lo que a las propuestas de Ley de Seguridad Nacional y reformas a la Ley Constitucional Penal se refiere, pues lo que pudiera amenazar a la nación es la dictadura, como corolario de una oscura y perversa represión, pero ¡claro!, sentados en la seguridad de la toga, del cargo y del salario, olvidan su responsabilidad, o al menos la hacen a un lado.

Nos enteran que el proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional, abre la posibilidad al presidente de la República de solicitar la intervención de las fuerzas armadas en contra de <<movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo>>, cuando considere que <<constituyan un desafío o amenaza>> a la seguridad interior.

¿Cómo se determina un desafío o amenaza a la seguridad interna de México, y cómo se establece que éste es de carácter político, electoral, social o del trabajo? ¿Podrían los ministros de la SCJN sentarse a reflexionar en las consecuencias de que eso sea determinado por el grupo en el poder? ¿Puede la SCJN emitir una opinión, o debe esperar a que sea aprobada una barbaridad para hacerla legal? ¿Puede o debe la SCJN opinar de estas reformas constitucionales y de la reforma política, o su función es guardar silencio y someterse a la voluntad del Ejecutivo?

Veamos. El proyecto de dictamen a la minuta del Senado referente a la Ley de Seguridad Nacional, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.

También, como lo solicitó el general secretario Guillermo Galván Galván a la comisión de Defensa, concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y requerirles información con <<cualquier herramienta que resulte necesaria>>, pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.

De allí que Arturo Chávez Chávez insistiese ante el presidente Felipe Calderón que se le aceptara su renuncia. Naturalmente espera la sociedad, esa parte de la sociedad mal vista por Acción Nacional, que prevalezcan la sensatez y el sentido común ante tantas lesiones a los intereses de la nación, pues lo que se perfila es una acción coercitiva de carácter nacional socialista.

Se reclama ya la necesaria presencia de informantes anónimos, como en la peor época de la ocupación alemana por las tropas de Adolfo Hitler, cuando la quinta columna y los colaboracionistas destruyeron la moral de Francia, pues hoy como ayer, se pretende que <<puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección>>.

Sin la Ley de Seguridad Nacional la violación a los derechos humanos, como consecuencia de la guerra “interna” contra la delincuencia organizada, es cosa de un día sí y otro también, ¿qué pueden esperar los familiares de los daños colaterales pasados, presentes y futuros?

Para colmo, las comisiones que revisan la minuta del Senado añadieron un artículo quinto transitorio, que establece que si en un periodo de 90 días a partir de la entrada en vigor de las reformas, los gobiernos de las entidades federativas con presencia del Ejército no solicitan al Ejecutivo la declaratoria de riesgo a la seguridad interior, los operativos cesarán y los militares deberán regresar a sus cuarteles.

Lo que se pretende es que los gobiernos estatales compartan la responsabilidad del Ejecutivo Federal, cuando la Constitución señala puntualmente las facultades y mandato del presidente de la República. Quieren huir de su propia conciencia.

De la declaratoria de riesgo a la seguridad interna a declarar Estado de sitio hay sólo un paso, y de éste a la dictadura, otro, sobre todo cuando se ha constatado que la manera en que se combate al narcotráfico únicamente beneficia a los cárteles de Estados Unidos, a su economía y a su gobierno, como dejó claro la investigación de The Observer.

Ante la posibilidad de que todo esto pueda devenir, rápidamente, en realidad, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, debiera comportarse como se espera de él y promover, entre sus pares, la reflexión de lo que por medio de reformas constitucionales legales se cierne sobre México, para pronunciarse públicamente y evitar así el desastre. Pero puede ocurrir lo contrario, y justificarse en el cargo y no inquietarse por su salario, como si de verdad trabajara, persiguiendo fantasmas que se enriquecen con la administración de justicia, cuando muy pronto esa justicia puede quedar sujeta a los intereses políticos del momento, del partido en el poder, ni siquiera sujeta a los intereses del Estado.

gregorioortega.wordpress.com

@OrtegaGregorio

3 Comentarios »

  1. EXCELENTE TU ARTICULO GOM….ESAS OMISIONES POR PARTE DE MEZA SILVA PARECEN DELIBERADAS Y EN POLITICA LO QUE PARECE ES….Y EL PODER JUDICIAL SIGUE SOMETIDO AL EJECUTIVO POR FALTA DE VALOR, DE CORAJE Y LES HA SIDO MAS FACIL ACOMODARSE, ARRELLANARSE EN SUS SILLONES, COBRANDO INMERECIDOS E INJUSTIFICADOS ALTOS SUELDOS….PERO DE DARSE ESA REFORMA SIN QUE TOMEN MAYOR CONCIENCIA Y PARTICIPACION SUENA A QUE CALDERON QUERRIA IMPEDIR LA ENTRADA DEL PRI A LOS PINOS A CUALQUIER PRECIO….

    SALUDOS GOM!!!

    RP

    Comment by RP — April 25, 2011 @ 6:42 am

  2. Gravísima encrucijada para los ministros, Don Gregorio, y de pronóstico reservado por sus antecedentes. Intersante también el punto de vista al respecto de Julio Hernández López en su columna de hoy:
    http://www.jornada.unam.mx/2011/04/25/index.php?section=opinion&article=006o1pol

    Comment by Joe Teuffer — April 25, 2011 @ 1:35 pm

  3. Estupenda nota como siempre Gregorio,un dictamenprevio de la SCJN nos dice claramente a quien responden como lo hicieron con la guarderia ABC, como lo acaban de hacer con la violacion de un menor en Ozxaca,nunca en servicio de la justicia.En el tema de hoy la primera declaracion de la corte ha sido francamente vergonzoza pues indica que “en casos de intervencion del narcotrafico(quien garantiza que son ellos ) no requiere la autorizacion del Congreso cuando esa situacion esta geograficamente localizada y no afecta de manera directa a todo un Estado o region y cuando puedan escalar opciones de atencion,antes de recurririr al expediente de la restriccion de o suspension de derechos humanos y sus garantias”,esto es una galimatia total y absoluta,ignorar que una de las definiciones de Paz es vivir en armonia,solucionando los problemas o conflictos a traves del dialogo y no de la violencia para llegar a un entendimiento es propiciar la guerra.En Mexico partimos de la declaracion de guerra sin intentar mantener la Paz,esto es lo que se va a demostrar al aprobar la militarizacion del Pais y dejar el poder,nuestro destino en manos de un inepto,de un grupo de corruptos,con lo cual no debemos claudicar,la militarizacion del Pais solo confirma mayor violencia y destruccion.Si es cierto como algunos medios nacionales e internacionalees lo han expresado que su cuenta con la aprobacion del PRI por la amenaza de publicar expedientes negros de sus gobernadores,miembros ,etc.al partido solo le queda una opcion el NO si realmente quieren demostrar un cambio,sino seran complices de las masacres y la desaparicion del Pais como tal,que demuestren honor si lo tienen, como sociedad solo nos queda unirnos y sin filias y mas alla del color politico seguir con el YA BASTA.ESTAMOS HASTA LA MADRE como bandera.

    Comment by leonor — April 25, 2011 @ 4:30 pm

About gregorioortega

HUMBERTO MUSACCHIO Gregorio Ortega es de los pocos escritores mexicanos que han optado por la edición de internet. Primero publicó o subió la novela Febronio y sus fantasmas que en edición Kindle (https://goo.gl/q0mJyj) tiene un precio de 129 pesos con 98 centavos. Ahora acaba de poner en el espacio virtual, al mismo precio de la anterior, otras dos novelas: Sísifo, santo patrono de los periodistas. Narco, guerrilla y poder (https://goo.gl/QNo1aX) y La rebelión del obispo. Ni los vio ni los oyó (https://goo.glMmYZMv). La primera trata del sexenio de José López Portillo y la relación entre el gobierno y los orígenes del narcotráfico, en tanto que la última versa en torno al obispo Samuel Ruiz García, el subcomandante Marcos y Carlos Salinas de Gortari.
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