La Costumbre del Poder Gregorio Ortega Molina I 20/03/2013 ,12:00 am

La suma de agravios contra los mexicanos es enorme. Inició con la consolidación del proyecto diseñado como consecuencia de la Revolución, pasa por las transformaciones y claudicaciones que lo condujeron a insertarse en la globalización, a la necedad de reconstruir el presidencialismo en lugar de dar el salto a la transición.
En este contexto, ¿qué puede hacer el Presidente Constitucional, EPN, para encausar -con el respaldo de sus gobernados- su propósito de, además de administrarlo, transformar México?
La mejor manera de lograrlo es con el ejemplo. Desagraviar a la nación está más allá de la consignación y juicio de los “delincuentes” amparados en la impunidad obtenida desde el poder político, pero además señalados por la sociedad; sí, sólo podrá iniciarse la transformación de México cuando los mexicanos comprendan que los grupos que comparten la administración del Estado decidieron deslindarse de los, hasta hoy, considerados intocables.
Es necesario evaluar seriamente lo anterior, ahora que el Juzgado Décimo sexto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en el DF, amparó a familiares de dos de las víctimas de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, al determinar que las autoridades mexicanas violaron la Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos, como los de igualdad y no discriminación, al solicitar que el gobierno estadounidense concediera inmunidad soberana a Ernesto Zedillo Ponce de León, y con ello se asignara un tratamiento con “criterios de índole político y de excepción que generan impunidad e imposibilidad” de que se le instruya proceso judicial en Estados Unidos.
Todo indica que el juez Ricardo Gallardo Vara, como lo informó La Jornada, se fajó los pantalones jurisdiccionales y se blindó la consciencia legal, para con su sentencia determinar que la nota diplomática 07654 enviada por el entonces embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2011, infringió lo dispuesto por la Convención de La Habana, que establece que “no se deben reclamar inmunidades que no sean esenciales al desempeño de sus deberes oficiales”, ya que Ernesto Zedillo “no ocupa alguna posición pública en el gobierno federal”.
Continúa la información de La Jornada: Por esa razón, la sentencia dictada concede “el amparo y la protección de la justicia de la Unión” para que el gobierno mexicano “deje insubsistente la nota internacional de que se trata y retire la citada solicitud de inmunidad jurisdiccional, haciendo los trámites oficiales relativos ante las mismas instancias ante quienes presentó aquella petición”, a fin de que el gobierno de Estados Unidos no conceda inmunidad al ex mandatario y continúe su juicio ante una corte de Connecticut, pues carece de sustento jurídico afirmar que el ex presidente Zedillo “goza de inmunidad, aun después de haber concluido su encargo público”.
Este gobierno, si quiere transformar México debe desagraviar a la nación, a la patria, a la historia, deslindarse de los crímenes políticos y del orden común cometidos en el pasado, incluso por los correligionarios, pues de lo contrario todo quedará en transformaciones legales y reformas constitucionales que siempre, como ha ocurrido, pueden reformarse otra vez.