LA COSTUMBRE DEL PODER
Gregorio Ortega Molina el 26 noviembre, 2013.12:01 am

¿A qué obedecen los crímenes que impolutos pero enfermos ciudadanos estadounidenses, cometen en aeropuertos, escuelas, centros comerciales, donde lo mismo fallecen niños que adultos?

¿Pueden establecerse más diferencias que analogías entre lo que allá sucede y aquí propician y estimulan las autoridades estadounidenses, con anuencia del gobierno mexicano?

Los migrantes de otras naciones que atraviesan México y mueren en el intento, fallecen como consecuencia de una política estadounidense de limpieza étnica y protección económica, pues sus instituciones públicas dedicadas al bienestar, están al borde de la quiebra desde hace muchos años. Es una ingeniería social preventiva, aplicada con la colaboración -forzada- de autoridades mexicanas.

De la lectura de los documentos desclasificados, se intuye que el Departamento de Estado cultiva la insidia en contra de su vecino del sur: sostiene que la matanza de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas en 2010, es un caso emblemático de la impunidad con la que operan los cárteles en México, pero, repito, omiten mencionar que se procede así en beneficio de los consumidores estadounidenses, y para proteger su descalabrada economía.

Son 30 los cables desclasificados. Están fechados entre el 25 de agosto de 2007 y el 22 de mayo de 2012. Los dan a conocer con la idea de defender las hipótesis estadounidenses sobre México como Estado fallido. Son informes emitidos por su embajada en México, los consulados en Monterrey y Matamoros, la DEA y el Departamento de Seguridad Interna.

En los cables, las autoridades estadunidenses refieren que el gobierno de Felipe Calderón ocultó información acerca de las matanzas sistemáticas de migrantes centroamericanos: ‘‘Pese a que no es publicitado, el Ejército y la Marina han continuado hallando fosas con cadáveres. La cuenta se eleva a 196’’, informan con insidia, para que se olvide que son ellos los instigadores de tales procedimientos. Ahora aparecen más fosas en Jalisco y Michoacán.

Concluyen que a partir de la masacre de San Fernando, los empresarios y comerciantes empezaron a hablar públicamente sobre la violencia; también que, a pesar de la inseguridad, las autoridades locales insistían en que Tamaulipas era un lugar seguro para invertir.

Las cifras no dejan lugar a dudas; sin embargo, es oportuno subrayar que el corazón de la “paz social” disfrutada por los estadounidenses, quedó a merced de los acuerdos establecidos entre su gobierno, las corredurías bursátiles y los barones de la droga, pues sin la colaboración de los cárteles, las masacres que hacen en escuelas, aeropuertos y centros comerciales, crecerían exponencialmente.

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AMN.MX/gom