Gregorio Ortega Molina/
Tiene razón la Dresser al señalar que el flagelo, el problema que ha de solucionarse antes que otro cualquiera, es el de la corrupción, pero su análisis parte de un supuesto erróneo.
Ella, como casi todos los que proponen maneras y momentos para combatirla, parten de la idea de que el fenómeno se origina y reproduce en las esferas de la administración pública, pero en ningún momento consideran que la corrupción no existiría sin los corruptores, que éstos se mueven como cabilderos y tienen patrones de altos vuelos entre los ejecutivos de la iniciativa privada, u obedecen directamente a esos “impolutos” administradores y propietarios de los calificados como poderes fácticos.
Jacques Rogozinski, a quien la Dresser debiera leer -al menos porque es su compañero de páginas-, escribió para Reforma: “Pretender reducir la corrupción en México solo a través de la ley no resolverá el problema, porque atacaría los síntomas, pero no las causas. Sería como tratar de disminuir el cáncer de pulmón, extirpando los tumores de los enfermos, sin combatir la verdadera causa: el consumo del cigarro.
“La corrupción mexicana reconoce diversas raíces, pero dos destacan: primero, la deshonestidad generalizada de la población. Corrupción y deshonestidad no son términos intercambiables. La primera es el abuso de una posición pública para obtener ganancias privadas; la segunda, en cambio, es la violación sistemática de las normas, sean públicas o privadas, se esté o no en función de poder, sean o no legales”.
La deshonestidad -que es un contravalor de índole cultural- favorece y/o tolera los actos de corrupción; es decir, facilita que, en términos cibernéticos, corromper y corromperse se convierta en un asunto viral, y ello involucra a todos los que la asimilan en su comportamiento.
¿A quién beneficia más la corrupción, a los corruptores o a los corruptos? En términos cuantitativos, en pesos y centavos, a quienes engrasan las manos de funcionarios públicos de todo calibre. Pero quienes más pierden son los usufructuarios de los servicios públicos, de las prestaciones sociales, de las funciones políticas y administrativas del Estado, porque la Línea Dorada puede ser una trampa mortal, porque el supuesto conflicto de intereses hace más costosas las contrataciones de la obra pública, porque los medicamentos de los servicios de salud -si se adquieren a precio justo- se pierden en el camino, porque la reforma educativa se queda en el camino, o Mario Vázquez Raña, antes de fallecer y porque estaba moribundo, da un paso atrás para facilitar el camino a su hermano Olegario.
Nadie habla de cómo castigar a los corruptores.
Gregorio Ortega Molina 