Gregorio Ortega Molina/
¿Cuánto cuesta la democracia mexicana en dinero fiscal, en responsabilidad social y legal, en corrupción e impunidad, en desengaños? ¿Se corresponden los montos a los resultados? ¿Colaboran los partidos políticos en la solución de los problemas, merecen el dinero que se les entrega como prerrogativa electoral? ¿Tenemos un Congreso eficiente y responsable, capaz de servir de contra peso al Poder Ejecutivo? ¿Estamos seguros de que nuestro sufragio se respeta?
La consulta popular no tiene resultados prácticos, no es vinculante, pero los políticos le temen. Es en ese sentido que el voto nulo les causa pavor, porque se acostumbraron a vivir del erario, a denostar un pasado reciente, cuyos resultados no fueron tan perversos como lo es el PRI actual y el sistema de partidos que construyó; lo que ahora padecemos es el Frankenstein político creado por el Partido Revolucionario Institucional.
Un lector, preocupado por mi opinión favorable a la anulación del voto como respuesta equivalente a una consulta pública sobre la eficacia de nuestra democracia y la aprobación del gobierno, escribe: “La sombra del voto <<nulo>> ronda las elecciones del próximo 7 de junio en que estarán en juego dos mil 179 cargos de elección popular.
“En medio de la peor crisis de credibilidad o descrédito de la <<clase política>>, se alza la certeza de uno de los más altos niveles de abstencionismo, con la creciente tendencia de “votar” anulando el voto como forma de manifestar el repudio popular a quienes han protagonizado uno de los más turbios y cínicos procesos de selección de candidatos, donde la voluntad popular, e incluso de la militancia partidista, fue ajena.
“Consulta Mitofsky y subraya un panorama de desconfianza hacia los partidos y sus aspirantes que participarán en el proceso electoral federal para renovar los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, 641 diputaciones locales, 993 ayuntamientos, 16 jefaturas delegacionales y 20 juntas municipales.
“Serán 17 entidades las que vivirán esta jornada comicial donde presumiblemente participarán unos 81 millones de electores, de los cuales se espera que vote entre el 36 y 40 por ciento, aunque se estima que en ese gran total, por primera vez, podría contarse un ocho por ciento de sufragios nulificados.
“Respecto al gasto electoral, si se incluye a la burocracia del INE, TEPJF y sus respectivos estatales, podría alcanzar los 18 mil millones de pesos.
“Las elecciones locales se llevarán a cabo en Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, y Yucatán. De ellos renovarán gobernador Sonora, Baja california Sur, Nuevo León, Guerrero, san Luis Potosí, Campeche, Guerrero, Colima y Michoacán.
“Posiciones en juego: 500 diputaciones federales, 9 gubernaturas, 641 diputaciones locales, 993 ayuntamientos, 16 jefaturas delegacionales y 20 juntas municipales”.
¿Están los mexicanos satisfechos con su democracia, contentos con su seguridad pública y jurídica, felices con la violencia, realizados en la corrupción y la impunidad? Si no es así, anulen su voto.
Gregorio Ortega Molina 