Como lego en la especialidad constitucional y jurídica, no me queda clara la diferencia legal entre los conceptos interés público y utilidad pública, porque las concesiones concedidas por la gracia del Estado abarcan, indistintamente, los mismos campos de acción; al tratarse de atribuciones exclusivas de ese mismo Estado, la diferenciación es sutil, pero existe: se expropia por utilidad pública… o es de interés público mantener el sistema de seguridad social.

El juez de Distrito Fernando Silva ampara a Carmen Aristegui porque ella desempeñaba su labor periodística en una red de estaciones de radio explotadas por un grupo de particulares gracias a una concesión del Estado; además, ordenó la restitución y continuidad de los salarios y la pronta celebración de la audiencia incidental, para que lleguen a un arreglo.

El juez Silva, que supuestamente aplica la ley y administra justicia, sigue también una instrucción política que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, puede dirimirse en un Tribunal Colegiado; como tampoco se llegará a un acuerdo en esta segunda instancia, por tratarse de una confrontación novedosa entre la libertad de expresión y la libre empresa, pasará a la SCJN, donde a Luis María Aguilar y sus ministros les llegará una papa caliente, e incrementará los costos legales del conflicto a Carmen Aristegui.

En este tema no se debe perder de vista que los que opinamos carecemos de acceso al expediente, por no ser una de las partes en litigio; guiamos nuestro juicio de lo que se lee en los medios, y a él añadimos, a querer o no, ideología, filias y fobias, porque lo que se dirime -en este presente de profundos cambios que no se notan, pero se sienten- son las nuevas reglas del juego entre los empresarios de los medios y los periodistas, entre los primeros y el Estado y los segundos y los actores políticos, pero, sobre todo, el nuevo paradigma de la libertad de expresión en términos de globalidad y apertura.

Tampoco hay que perder de vista que el Poder Judicial de la Federación es un instrumento del poder, y que las variaciones que puedan imprimirse a una decisión política y preconcebida por los usos y costumbres jurisdiccionales, sólo podrán lograrse a través de la presión de los medios nacionales e internacionales.

Es en este contexto que la confrontación de Aristegui con los Vargas adquiere su verdadera dimensión, porque es la pugna entre dos México, el que pugna por la restauración y el que aspira a vivir en una sociedad abierta.

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AMN.MX/gom/pp