Gregorio Ortega Molina/
Los argumentos para bordar sobre un hipotético triunfo electoral de “El Bronco”, en Nuevo León, están basados en la razón y son impecables, pero frente a lo deseable aparece la implacable lógica del poder.
Analistas, columnistas y una supuesta voluntad de cambio, además de las encuestas y el hartazgo de la sociedad, son insuficientes para hacer gobernador a Jaime Rodríguez; de permitirlo se abriría, sin marcha atrás, el primer gran boquete en la línea de flotación del sistema de partidos, construido a la carrera como sustituto del proyecto de la Revolución y para enterrar a la clase política, que dejó de ser exclusivamente priista y su impunidad es protegida por las siglas de los diversos institutos políticos “lenones” del dinero fiscal.
Cuando Felipe Calderón Hinojosa decide regresar a la política, no lo hace por su propia voluntad o en beneficio exclusivo de su partido y de su causa, sino convocado por esos poderes fácticos que lo convirtieron en Presidente de la República, cuyos administradores y capitostes se percatan que la conducción del INE es débil, y la intervención gubernamental para enderezar las elecciones en Nuevo León y evitar el principio del fin, es imposible, pues no saben cómo hacerlo.
De allí que Calderón -ni borracho ni crudo- diera el grito de alarma sobre el nuevo peligro para México, para advertir a la conservadora sociedad neolonesa que de ganar “El Bronco” todo seguiría igual, salvo las reglas del juego, porque en materia de corrupción e impunidad únicamente sacarían baraja nueva y dejarían de jugar póker para dedicarse al 21.
En lo personal me simpatiza la personalidad de Jaime Rodríguez, como en su momento me simpatizó el esfuerzo hecho por Jorge Gutman Castañeda, que sentó precedente como lo hará la actividad desarrollada por el candidato independiente al gobierno de Nuevo León.
¿Cómo explicar a los entusiastas partidarios de “El Bronco”, que necesariamente corren el riesgo de sufrir un gran desengaño, porque “rara vez hay un empeño valioso que pueda completarse en el espacio breve de un mandato político -como apunta Antonio Muñoz Molina en Todo lo que era sólido-, pues (los partidos) han desmantelado la legalidad o la han ignorado para perseguir sus proyectos fantásticos y en un cierto número de casos además para robar y favorecer a los ladrones, y en la persecución de sus intereses no han tenido reparos en desacreditar y socavar cuando les convenía las bases mismas del sistema que nos sustenta a todos”.
Pero no se trata de morir asesinado en el intento, como ya ocurrió a candidatos a puestos de elección popular en Michoacán y Tabasco.