Hay actos delincuenciales que no se entienden sin la obsecuencia del Estado y la avidez de los gobiernos por el dinero negro. Me refiero a los que están a la vista, son cotidianos y dejan mayores ganancias en los días de guardar.

Las aceras de atrás de Palacio Nacional, de Tepito, de las colonias que tienen mercado, de los hospitales públicos y privados, de las oficinas gubernamentales asequibles a los peatones, están pletóricas de mercancía ilegal de todo tipo, que son vendidas por comerciantes informales.

Hay otras actividades que son menos obvias, pero que escurren dinero a toneladas, desde los mandos bajos e intermedios, hasta la cúspide, y no se sacian. Me refiero a la prostitución, a las tienditas, a la venta de permisos de todo tipo, a la violación constante de la ley que deja cohechos envidiados por Midas.

Además hay otros sofisticados y que requieren de la anuencia de la cúspide. Por ejemplo, el mercado “spot” del petróleo en Holanda, que dejó cubiertos de oro y plata -como a doña Blanca- a los familiares de José López Portillo. Como fue ventaneado ese negocio ilegal, recurrieron a otras formas de hacerse dinero, ya sea para operativos en el vértice de la legalidad, o simplemente para abultar el saldo de las chequeras, las cuentas off shore y las carteras, porque vivir del presupuesto o del dinero negro requiere de un gasto constante para parecer lo que no se es: un ser de fortuna y afortunado.

Ahora nos golpean el ánimo y el optimismo con la información de que la ordeña costó a los mexicanos 20 mil millones de pesos durante 2014, lo que necesariamente obliga a considerar como un hecho real -por el monto y los recursos técnicos que se necesitan para que no exploten o se derramen los puntos de extracción- el que ese delito esté solapado desde la cúspide, y sus ganancias son destinadas a operativos de índole político -como es ganar elecciones- o de seguridad, porque el costo en vidas y en dinero de esta perversa guerra declarada unilateralmente por Felipe Calderón, para servir a EEUU, no hay ordenamiento presupuestal que lo resista.

¿Qué puede hacerse, legalmente, con 20 mil millones de pesos anuales? Por lo pronto disminuir el desempleo, o asegurar que los medicamentos de los servicios de salud del Estado no falten, impulsar una política salarial de decoro para los campesinos, el combate a la obesidad y, ya de jodidos, seguir pagando a los maestros que no dan clases. De ese tamaño.

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AMN.MX/gom/pp