- Durante el segundo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo en 2013, se aprobó que el control del pago a los profesores del país pasara de manos de los gobiernos estatales a las del gobierno federal, según las reformas a las leyes de Coordinación Fiscal y de Contabilidad Gubernamental realizadas por el Senado mexicano
26 jun 2015 – 00:14 CET
Emilio Chuayffet Chemor debió morderse la lengua cuando amedrentó a los maestros disidentes y dijo que ellos, los que no quieren la evaluación, ofenden a EPN, porque él, el secretario de la Educación Pública, de la moral y la ética, lo engaña, le miente, como a todos los mexicanos, sin siquiera despeinarse, con absoluto desparpajo, para seguir comiendo chocolates.
Recién la semana anterior responsabilizó a los gobiernos de las entidades federativas del pago a los maestros, pero hete aquí que durante el segundo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo en 2013, se aprobó que el control del pago a los profesores del país pasara de manos de los gobiernos estatales a las del gobierno federal, según las reformas a las leyes de Coordinación Fiscal y de Contabilidad Gubernamental realizadas por el Senado mexicano.
Con la reforma, debió desaparecer el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, fundado en 1992, y crearse el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que debiera estar controlado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública.
Abundó la información de ese fastuoso día para Emilio Chuayffet: “Los impulsores de las reformas que propuso en septiembre el presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirman que con ellas habrá más orden en el manejo de los recursos para la educación.
“La Tesorería de la Federación realizará los pagos directamente al personal educativo a partir del año 2015, previa conciliación de la nómina entre la Secretaría de Educación Pública con las entidades federativas durante el año 2014, con lo cual se otorgará mayor transparencia y orden en el ejercicio del gasto”, se lee en el dictamen de lo aprobado y convertido en ley.
Si el secretario de la Educación Pública, del civismo y la responsabilidad ciudadana, hombre culto y capaz de generar nuevas disquisiciones sobre la obra de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, fue incapaz de cumplir con lo propuesto en la reforma administrativa sobre el control de la nómina magisterial, o si el secretario de la Hacienda y el Crédito Público tampoco pudo cumplir con su mandato constitucional, y ambos engañaron al presidente de México, EPN, pues aviados estamos los mexicanos con esos funcionarios públicos, capaces de culpar a otros de su incompetencia.
Quizá la verdad sea otra, y resulte cierto lo que hace años me dijo mi Demonio de Sócrates de San Ángel Inn: no quieren transformar al sistema educativo, porque mexicanos habilitados con conocimientos, serán para ellos y su proyecto un verdadero problema.
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AMN.MX/gom/pp
Gregorio Ortega Molina 