- El riesgo de las redes sociales para las instituciones es tan grave como el tamaño de las mentiras urdidas para ocultar las violaciones a la ley, el destrozo de la norma constitucional, la infamante conducta de algunos miembros de las fuerzas armadas, sobre todo de los altos mando, porque el soldado raso, el marinero de agua dulce, pues hace lo que le dicen


El riesgo de las redes sociales para las instituciones es tan grave como el tamaño de las mentiras urdidas para ocultar las violaciones a la ley, el destrozo de la norma constitucional, la infamante conducta de algunos miembros de las fuerzas armadas, sobre todo de los altos mando, porque el soldado raso, el marinero de agua dulce, pues hace lo que le dicen.
¿Cuántos meses de esfuerzos por parte de las autoridades de la secretaría de la Defensa Nacional, para diseñar una estrategia en la que se demostrara, aceptara y/o creyera que lo ocurrido en Tlatlaya, estado de México, fue el resultado de un enfrentamiento, en el que los soldados se vieron obligados a repeler a sangre y fuego a los agresores?
Peritajes de organismos nacionales e internacionales de procuración de justicia, señalan que, al menos, fueron 11 los ejecutados por elementos del Ejército, con el agravante de que las armas que dos de ellos portaban no habían sido percutidas.
Las consecuencias serán graves para el país, porque de inmediato se pone en tela de juicio, en la comunidad nacional y en el ámbito internacional, la credibilidad de las Fuerzas Armadas de México, y el crédito del que hasta hace unos meses gozó el Ejército, pues se fue al caño.
Grave, también, por el vuelco que se da a la función del Ejército y la Marina, instituciones siempre buscadas por los mexicanos en caso de desastre natural, o con motivo de estar urgidos de su protección debido a la violencia sin control que se padece, pero lo de Tlatlaya, como el hecho de que dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa que desaparecieron fuesen en realidad soldados, convierte a esas instituciones de salvaguarda de la vida de sus compatriotas, en represores de sus iguales.
¿Será que los 11 de Tlatlaya se conviertan en los represaliados de Río Blanco, en los ejecutados de Cananea, o en la imagen de esos yaquis desplazados a Yucatán, para matarlos?
No importa si esos once ejecutados eran delincuentes, lo que trasciende es que, de entrada, se les negó todo posibilidad de un juicio justo, la oportunidad de una administración de justicia imparcial.
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