- Los empresarios están urgidos de reconocimiento público y político, para olvidar cómo decidieron ayudar a México y por medio de cuáles sacrificios
Los mexicanos debemos congratularnos, sentirnos agradecidos con nuestro gobierno, con esas instituciones que buscan y encuentran a los líderes de la sociedad necesitados, urgidos de reconocimiento público y político por el trabajo hecho en favor de México, para olvidarse de cómo lo hicieron.
¿Qué haríamos sin el Instituto Belisario Domínguez, sin los inteligentes senadores que lo administran, los que allí trabajan, capaces de encontrar una aguja en un pajar? De no ser por ellos, por su labor, ¿cómo enterarnos de la vida de sacrificio de Alberto Bailléres y lo que hizo por México y los mexicanos, las enormes y justas remuneraciones que paga en sus empresas, la limpieza ecológica con la que funcionan éstas y sus fundos mineros, el esfuerzo que hace con sus “mermados” ingresos para no disminuir el bienestar salarial de sus empleados de a pie?
Establecidos los parámetros para medir el costo del sacrificio empresarial, creemos justo que la próxima Belisario Domínguez sea entregada a Jorge Larrea, para que ordene limpiar con mayor entusiasmo los derrames sobre el río Sonora, con el propósito de que ya no padezcan enfermedades quienes dependen de su caudal.
Hay que estimularlo, pues de acuerdo al informe de la ASF, el gobierno no recibió en 2014 el pago total o completo por los derechos de 9 mil 170 títulos de concesión en la industria minera, lo que puede significar que don Jorge ande corto de liquidez y carezca de numerario para ponerse al corriente con sus impuestos. La cifra representa más de la tercera parte de los 25 mil 104 títulos mineros vigentes ese año para la minería. El BM la clasifica quinta fuente de divisas del país, por encima del turismo y debajo de las remesas.
Gracias a disposiciones legales aprobadas durante los 12 años de los gobiernos de la alternancia, el número de concesiones mineras se disparó 59.8 por ciento en menos de una década, al pasar de 15 mil 510 en 2007, a 25 mil 104 durante 2014; en la fiscalización que la ASF realizó a la cuenta pública de 2014, detectó que se reportaron 6 mil 823 títulos de concesión omisos en el pago de derechos sobre concesiones mineras… y 2 mil 347 títulos que presentaron diferencias pagadas de menos. Los casos de omisión de pago de derechos por parte de empresas concesionarias equivalen a 27.18 por ciento del total de títulos vigentes ese año; otro 9.34 por ciento correspondió a los que pagaron menos de lo estipulado por la ley. Regatearon, pues.
En la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2013 se determinó el cobro de tres nuevos derechos en minería (especial, adicional y extraordinario) a pagarse a partir de 2015 o 2016, según el caso. La Ley Federal de Derechos incluyó un transitorio para que la SE estableciera intercambio de información con el SAT para comprobar el pago de derechos, pero se suscribió hasta noviembre del año pasado.
La Secretaría de Economía envió al SAT los adeudos del primer semestre de 2014 para que iniciara las gestiones para su cobro, pero la ASF afirma que no hay evidencia sobre el seguimiento de dichos asuntos.
¡Vaya orden administrativo que trae el gobierno federal! Pero no importa, debemos mostrarnos complacidos con la salvada que nos da Jorge Larrea con su industria minera y sus derrames sobre el río Sonora.