Hay anomalías en la captación y/o ejecución de los recursos fiscales que son actos de corrupción política, por el clientelismo que propician.

     Me refiero a ese privilegio del que gozan los electricistas: la gratuidad en el consumo de luz. En ese y en otros casos, como en el del agua, las tarifas diferenciadas crean un México clasista y corrupto. Si aspiramos a que los tiburones del beneficio fiscal, generosamente concedido desde el gobierno, cumplan con su obligación y paguen lo estipulado en la ley, aquellos que cuentan con los servicios básicos de energía y agua y además disfrutan de tarifas clientelares, también deben empezar a cumplir como lo hace el rescoldo de clase media que sobrevive, en silencio, apergollada por las tarifas de servicios que le imponen, así como con la entrega puntual de su tributo fiscal al Estado.

     Pueden visitarse viviendas de interés social que tienen todos los aparatos electrodomésticos, son hogares que consumen más energía y agua que habitantes de un departamento de dos recámaras en la colonia del Valle. ¿Cómo corregir esa anomalía? Modificarla equivaldría a transformar el mapa electoral de México; no hacerlo, es cerrar el paso al futuro, porque entonces las reformas estructurales serán inoperantes.

     Para lograrlo pronto deben iniciar lo que han pospuesto: una auténtica reforma educativa, en la que los nuevos mexicanos vean la corrupción como un lastre para ellos mismos y su futuro, y no como el camino para eludir los obstáculos que el sistema les ha puesto enfrente, que les impiden resolver de manera equitativa su futuro.

     Los contenidos educativos requieren una revisión profunda, para que esos nuevos mexicanos comprendan que el hecho de que México forme parte de la combinación geoestratégica de seguridad regional de América del Norte, es una garantía de vida con decoro más que una sentencia de muerte. ¿Pueden imaginarse la globalización y el libre mercado con piso parejo para los mexicanos? A emparejarlo es a lo que debemos aspirar, pero con este modelo político no vamos a ningún lado.

     Lo que se requiere, entonces, es la reingeniería social del país, encabezada con un nuevo modelo político, cuya condición es que tenga la fuerza ética y moral exigida para convocar al cambio, a la implementación de las reformas, y no a imponerlas como camino fácil para perpetuar la corrupción junto a su hermana, la impunidad.