LA COSTUMBRE DEL PODER: Política y crimen

 Gregorio Ortega Molina  3 de julio 2017 – 00:12 CET

 
*Incumplir con el mandato constitucional mata a muchos gobernados que debieran beneficiarse de la protección de la ley
Recurrir a los clásicos para buscar analogías es sano. Sugiero al señor Gerardo de la Concha que relea, o lea en su caso, Política y crimen, donde Hans Magnus Enzensberger nos permite recorrer las ambigüedades jurídicas de los distintos códigos penales en cuanto a las maneras de hacer morir, y su relación con la política como eje de la razón de ser del Estado.
Desde mi primera lectura del texto de referencia, comprendí que el Estado busca auto preservarse; para ello usa de todos los recursos a su alcance, incluso los colindantes con la ilegalidad.
En la manera en que usa y abusa de ellos adquiere la identidad de totalitario, dictatorial, autoritario o democrático; en el último existe el uso legítimo de la violencia, a veces no tan legal.
Para convertirse en un Estado genocida, no es necesario servirse de las armas, con las políticas públicas establecidas puede cancelarse el futuro de una nación, o de una minoría.
El gobierno que es administrador del Estado no requiere de armas para comprometerse en crímenes políticos, le es suficiente con el incumplimiento de su mandato constitucional, por carencia de recursos fiscales, por incompetencia o por complicidad creciente con los criminales.
     Morir de enfermedades curables o de desnutrición; convertirse en delincuente común o en sicario por falta de oportunidades para estudiar y trabajar; el otorgamiento selectivo de créditos fiscales o condonación de impuestos; dar contratos y concesiones a precio alzado; cerrar los ojos a las desapariciones y secuestros; la incapacidad de garantizar la seguridad pública; las cárceles llenas de inocentes o de reos peligrosos, pero sin juicio ni sentencia; la corrupción y las complicidades entre los tres niveles de gobierno y los otros dos Poderes de la Unión; los débiles servicios del sector salud; las jugosas comisiones cobradas por los servicios bancarios… todos son crímenes políticos, unos incruentos, pero otros terriblemente violentos, escurren sangre.
Incumplir con el mandato constitucional mata a muchos de los gobernados.
En cuanto a si el gobierno es cómplice o no en los crímenes de activistas y periodistas, basta con preguntarnos ¿qué hacen para detenerlos? Si la complicidad no es activa, puede serlo pasiva, al incumplir lo que prometieron realizar en beneficio de la población al asumir sus cargos de elección popular o sus responsabilidades administrativas.
Cometer un crimen político ya no es dar una orden, también y sobre todo es no hacer nada para detenerlo.
Aunque al señor de la Concha le molesten mis citas “fuera de contexto”, recupero una reflexión de Política y crimen, para su regocijo:
“Es verdad, la Justicia se aferra más tenazmente que ninguna otra institución social -sin excepción de las Iglesias- a los viejos conceptos y a las viejas formas, aunque no correspondan a la realidad (lo que de suyo ya es más grave para la realidad). Las más recientes razones de esta pretendida reforma del Código Penal reflejan el retraso cultural que contamina a este ámbito (de la vida pública)”.
O quizá le convendría releerse a él mismo, y retomar esas ideas plasmadas en El fin de lo sagrado, donde anotó: “Respecto de nuestra Constitución es indispensable superar el mito de una aparente dicotomía o antinomia entre los derechos sociales y las garantías individuales. Nuestra Constitución es precursora al instituir variados derechos de corte clasista o social. Esto ha provocado que de manera casi mecánica se le vea como una Constitución social no por su motivación histórica, sino en oposición a lo individual. La Constitución ha sido el gran esfuerzo jurídico para establecer como legislación fundamental la viabilidad de los derechos individuales en el marco real y dinámico de lo social”.
     Pues bien, don Gerardo de la Concha, ¿en qué medida cumplen los gobiernos con esa aspiración? El mandato constitucional es absolutamente claro… al dejarlo de lado por hacer otras tareas ajenas al gobierno, los administradores públicos abren las puertas al crimen organizado, y se convierten en corresponsables de tanta muerte y tanta violencia. ¿O no?
Pero que consten su calumnia y su propio desmentido. En su perorata inicial usted afirmó: Qué irresponsabilidad tus disquisiciones mentirosas. Hablas de que ahora el gobierno federal manda ejecutar a periodistas o activistas mediante las Fuerzas Armadas y eso simple y llanamente no es cierto; te reto a que en lugar de pontificar y hacer citas literarias fuera de contexto des una sola prueba de afirmaciones tan contundentes y graves.
A mi ponderada solicitud de que me indicara dónde, en mi texto, escribí lo que usted afirma que escribí, respondió: <<Los fallecidos  de manera violenta debido a la decisión de alguno de los tres niveles de gobierno, adquieren la dimensión de crímenes políticos>>. No lo invento, ahí están tus palabras. Increíble que lo digas e increíble que te desmientas de haberlo dicho.
Señor de la Concha. ¿Mentí y me desmentí? Lo cierto es que me calumnia, allí están sus palabras, las que cargan en su pluma sus patrocinadores, los dueños de su dignidad y de las culpas que heredará.
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About gregorioortega

HUMBERTO MUSACCHIO Gregorio Ortega es de los pocos escritores mexicanos que han optado por la edición de internet. Primero publicó o subió la novela Febronio y sus fantasmas que en edición Kindle (https://goo.gl/q0mJyj) tiene un precio de 129 pesos con 98 centavos. Ahora acaba de poner en el espacio virtual, al mismo precio de la anterior, otras dos novelas: Sísifo, santo patrono de los periodistas. Narco, guerrilla y poder (https://goo.gl/QNo1aX) y La rebelión del obispo. Ni los vio ni los oyó (https://goo.glMmYZMv). La primera trata del sexenio de José López Portillo y la relación entre el gobierno y los orígenes del narcotráfico, en tanto que la última versa en torno al obispo Samuel Ruiz García, el subcomandante Marcos y Carlos Salinas de Gortari.
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