Imposible establecer analogías y/o diferencias entre el error de diciembre zedillista y el cometido apenas en octubre por AMLO. Son dos sucesos distintos y requieren análisis diferentes.

Para diciembre de 1994 los Tesobonos y sus prontos vencimientos colocaron a México en una condición de impago, lo que se resolvió gracias a un crédito que el mismo Ernesto Zedillo se encargó de dejar saldado antes de entregar el gobierno a Vicente Fox. En ningún momento fue puesta en duda la seguridad jurídica de las inversionistas. El país cumplió.

En cuanto a la rescisión del contrato establecido por esa misma nación para construir un aeropuerto, por lo pronto no ha causado estado jurídico, porque no hay documento oficial de ese mismo Estado -aunque encabezado por diferente gobierno- que explique las razones técnicas, económicas, sociales y políticas que determinan la clausura de un proyecto en construcción. En estos asuntos la decisión del pueblo bueno, por si sola, tiene menor peso que un compromiso internacional. Necesita sustentarse con razonamientos suficientes que la avalen.

La diferencia en dólares es enorme. Para pagar los Tesobonos se requirieron 40 mil millones de dólares, para el AICM supuestamente hicieron la primera recompra de bonos con un mil 600 millones de dólares, pero la lesión es distinta, pues sólo adquirieron la voluntad para cambiar los términos del compromiso. Sus tenedores continúan como accionistas mayoritarios.

     El Estado mexicano durante el sexenio 1994-2000 preservó su soberanía, credibilidad y confianza entre inversionistas, y el PIB creció a tasas que en los 3 gobiernos siguientes ni soñar; ahora lo que tenemos enfrente es el incumplimiento tácito de contratos. No veo la manera en que la credibilidad de México pueda fácilmente recuperarse, ni entre los adinerados mexicanos.

Sólo continuemos con el reportaje de El País al que nos referimos ayer: “El capital mexicano está en las lonchas de jamón Campofrío (grupo Sigma), en las obras de FCC (Carlos Slim), en los sándwiches de Panrico (grupo Bimbo), en los cines Yelmo (Cinépolis), en los autobuses Avanza (Mobility Ado) o en la empresa editora de este periódico, PRISA (Roberto Alcántara). También en los restaurantes Vips, la Tagliatella, los KFC. Todos están, parcial o totalmente, en manos de empresas mexicanas que han visto en España su trampolín natural hacia el resto de Europa. El astillero privado más grande del país (Barreras, en Vigo) pertenece en un 51% a Pemex, la petrolera estatal mexicana, que aprovechó las vacas gordas en el mercado del crudo y una serie de políticas para invertir en sectores ajenos a su negocio tradicional. Minera Los Frailes (la mina de Aznalcóllar) es propiedad del magnate Germán Larrea, protagonista de uno de los mayores choques con Manuel López Obrador, presidente de México, durante la pasada campaña electoral. Y algunas de las inversiones financieras más importantes de los últimos años en España (desde el Sabadell a Liberbank o a la malograda del Banco Popular) también tuvieron origen en México”.

¿Por qué allá sí y aquí no? ¿Cuáles son los motivos de desconfianza para  descreer en México y, además, no ayudarlo a crecer? Son corresponsables, pues contribuyeron a un corrimiento en los factores de poder que los incorporó de lleno a la toma de decisiones eminentemente políticas.