Por lo que puede deducirse de los publicado, los mexicanos cuyos intereses no coinciden con la propuesta de regeneración nacional, están distraídos debido al resultado electoral de julio último. Hace un año ya, y no regresan del azoro. Quedaron noqueados por la propaganda y el desbordamiento de las benditas redes sociales en su contra.

De ser cierto lo leído, la ley de marras fue publicada en la Gaceta Legislativa del Congreso de esta ciudad, el último mes de febrero, y fue hasta mayo que Ignacio Morales Lechuga tocó el clarín de alarma, porque lo que se intentó favorecer es el despojo de la propiedad de bienes raíces en beneficio de los que carecen de vivienda, o de los profesionales de la ocupación ilegal.

Hay miles de casas edificadas para Infonavit en zonas imposibles por lo lejanas, la carencia de servicios y lo pesimamente edificadas. Se habla de miles de millones de pesos tirados, y de constructoras en quiebra. ¿De quiénes fue el negocio? Habría que investigar a los hijos de Martha Sahagún, para determinar qué tanto pudieron estar involucrados en lo que a todas luces es un fraude en contra de los trabajadores y sus familias.

El notario y letrado Morales Lechuga refiere directamente a lo que fue el artículo 60 de la mencionada Ley. Creo que todos coinciden en que es un intento por sorprender y asegurarse una clientela electoral que sólo responde a favores que pueden cuantificarse.

Creo que el notario Morales Lechuga también escuchó la voz de alarma dada por el personaje de la última novela de Haruki Murakami: “Había dicho que ciertas cosas era mejor no saberlas, y tal vez tenía razón. Quizás había cosas que era mejor no oírlas siquiera, pero era imposible no oírlas nunca. Cuando llegaba el momento, aunque uno se tapase los oídos con todas sus fuerzas, el sonido de la verdad vibraba en el aire y alcanzaba el corazón mismo de la gente. Nadie puede aislarse por completo, y a quien no le guste no tendrá más remedio que huir a un mundo vacío”.

Y quizá así es. No saber que un amigo me confió que un edificio en Reforma casi esquina con Niza está ilegalmente ocupado. Mucho menos enterarse que las autoridades de desarrollo territorial le ofrecieron apoyarlo, para después informarle que nada podían hacer, pues la edificación está en manos de un cártel michoacano. Así de simple.

Allí no es el rechinar de dientes, como sostiene Jorge Zepeda Patterson, sino la ausencia del Estado y de la legalidad. Esta torpe Ley, como lo ocurrido en la Huacana, equivalen a notificaciones notariadas de lo que puede avecinarse.