Estudiar los breves ensayos que el ex ministro José Ramón Cossío Díaz publica alternativamente en El Universal y en El País, son una convocatoria a la reflexión y diálogo entre amigos que compartan idénticas preocupaciones.

En una patria en la que la muerte violenta, las desapariciones, los secuestros y la cauda de delitos que el Estado no impide, están de manera permanente al acecho de todos y cada uno de los mexicanos, se modifican los hábitos, se distorsiona la cultura y la vida en sociedad se transforma en confrontación.

Aquí padecemos una guerra social iniciada por la palabra, la agresión verbal que en no pocos casos trasciende a las manos y a la muerte, como ocurre en los pleitos por los cajones de estacionamiento, o cuando el vacío de autoridad autoriza, al hacerse de la vista gorda los policías, los linchamientos.

Cossío Díaz en su texto del 9 de julio último, publicado en El País, apunta: “Hace pocas semanas se presentó el informe Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19 (Oficina de México y Centroamérica). El informe muestra una terrible cara de la realidad mexicana. Por una parte, que a partir del 2006 el macabro recurso de las fosas comunes se ha incrementado; por otra, que pese a ello siguen siendo muy bajas las capacidades estatales no ya para detenerlo, sino más básicamente, para comprenderlo y registrarlo”.

Alarma el aserto final del párrafo anterior. A mi juicio es sencillo comprender lo que ocurre. El binomio que deben constituir Estado y modelo político dejó de funcionar, carecen de respuestas al mandato constitucional básico, elemental, primero: garantizar la vida de los habitantes.

Es verificable que no es un terrible suceso nuevo, atribuible al momento que vivimos. Data de hace muchos años la ineficacia de los gobiernos, manifiesto en los vacíos de poder inmediatamente ocupados por la delincuencia organizada. ¿Cuántas zonas de la república son administradas por narcotraficantes y otros delincuentes?

Lo ciertos es que incluso aquellos que pueden sufragar seguridad privada, o esos funcionarios públicos “protegidos” por alguna de las fuerzas policíacas del Estado, padecen, como chairos y fifís, una violenta indefensión, porque una bala perdida, o un encabronamiento momentáneo, puede dar al traste con una vida aparentemente bien llevada.