Están enmuinados porque el Poder Judicial de la Federación se la cree, y hace efectivo su mandato constitucional de amparar a los ciudadanos contra los abusos del poder; además, sus integrantes juran y perjuran que la separación de poderes es un hecho, así como el federalismo.

Negar que en México sus habitantes han conquistado, paso a paso, el ejercicio de la democracia electoral, es desconocer la historia y las vidas que se pagaron para lograrlo. Que otros ámbitos se mantengan alejados de la práctica democrática es cierto, pero que la idea y el esfuerzo de los últimos lustros a allá se encaminó, también es verdad. Aunque la corrupción y la impunidad son asignaciones pendientes, pero no pueden ser el pretexto para restaurar la época del partido único, del presidente-emperador.

Las resoluciones judiciales nunca agrandan al derrotado, pero en términos democráticos debe acatarse el fallo jurisdiccional si está sustentado en la norma constitucional, y previene contra abusos de los otros dos poderes. No debe sorprender y hacer capricho.

“En este caso último (los amparos a la Ley de Salarios), con todo respeto, el Poder Judicial está queriendo corregir la plana. Desde mi particular punto de vista está queriendo legislar y no está respetando lo que establece con claridad la Constitución”, dice el titular del Ejecutivo, pero, pregunto lector, quién entonces ampara al ciudadano en contra de los abusos de poder, sobre todo contra aquellos que simulan legalidad.

¿Qué opinan los legisladores de la oposición al respecto? En información enviada por la Cámara Alta, leemos: “La advertencia del Ejecutivo federal de revelar los nombres de los jueces que han otorgado amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, merece un extrañamiento del Senado de la República, porque es una clara amenaza a la división de poderes, aseguró el vicecoordinador del Partido Acción Nacional, Erandi Bermúdez Méndez.

“El legislador de Acción Nacional dijo que al presidente López Obrador ya le gustó descalificar todas las resoluciones judiciales por incumplimientos legales de sus proyectos prioritarios, sin tomar en cuenta que es su gobierno el que no ha cumplido en tiempo y forma con los estudios técnicos respectivos.

“El Presidente debe acostumbrarse a respetar las resoluciones judiciales y la autonomía del Poder Judicial, para eso están los recursos legales, para reclamar cualquier abuso o exceso. El Presidente de la República no tiene derecho de amenazar al Poder Judicial cuando se le pegue la gana”, concluyó.

Este es un país de acciones piramidales. Si el titular del Ejecutivo no respeta ni cumple el mandato constitucional, ¿qué puede esperarse de los otros dos poderes, y de los ciudadanos de a pie?