Gregorio Ortega Molina 22 de agosto de 2019 – 00:13

Así se siembra la semilla de la discordia, de la confrontación, pues se supone que todos debemos estar sujetos a una misma Constitución e idénticas leyes, pues si somos una sola nación, una misma patria, ¿por qué establecer diferencias?

¿Puede ocurrir en México lo sucedido el sábado 3 de agosto en El Paso, Texas? Ya ocurrió. El odio no tiene patria, se alienta lo mismo desde el poder terrenal que desde la fe. Lector, sólo busca información de lo ocurrido en Canoa, para que comprendas que, incluso desde el púlpito, se alimentan los miedos y las ganas de matar.

Hoy, desde el seno de la República, el escarnio verbal, la narración política, la ausencia de creatividad, favorecen que los mexicanos se vean con recelo unos a otros, y alienten deseos de venganza. También los dotan de instrumentos legales. Veamos.

Dicen en la Ley propuesta en 2011: “Los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas podrán resolver sus conflictos y de acuerdo a sus sistemas normativos.Se deberá respetar los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres.

“El Estado reconoce la validez de los sistemas normativos internos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y, en general, de la prevención, regulación y solución de conflictos al interior de cada comunidad, siempre y cuando no contravengan la Constitución, el Estatuto de gobierno ni vulneren los derechos humanos.

“Las decisiones tomadas por las autoridades correspondientes de las  entidades de derecho público reconocidas en esta ley con fundamento a sus sistemas normativos dentro de sus ámbitos de competencia, deberán ser respetadas por las autoridades locales respectivas, para ello estas mantendrán comunicación permanente con las autoridades tradicionales para coadyuvar a que sus sistemas normativos sean adecuadamente reconocidos y respetados por personas e instituciones ajenas a ellos, así como para la correcta coordinación entre ambos sistemas, para la resolución de conflictos competenciales y la implementación de los mecanismos de homologación en su caso.

“Cuando se presente un asunto frente a las autoridades administrativas o judiciales que sea competencia de la autoridad tradicional, aquellas declinarán su competencia a favor de esta, y le remitirá las personas y objetos relacionados.

“Al revisar las resoluciones y la competencia de las autoridades tradicionales, la autoridad jurisdiccional correspondiente deberá tener como fuente de Derecho los sistemas normativos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas y en caso de duda sobre ésta, deberá solicitar estudios sociológicos, antropológicos u otros que estime necesarios”.