Negar que México ha avanzado en muchos aspectos, y sus gobiernos han contribuido a iniciar la solución de problemas ancestrales, sería tonto, como también lo es insistir en restaurar el presidencialismo imperial como instrumento político para esforzarse en enderezar el árbol. El proyecto de la Revolución se enchuecó desde el principio.

Los derechos consagrados en la Constitución nunca se han visto satisfechos. El problema educativo se desdobla y complica, en la medida en que crece el índice poblacional y los recursos se desvían o se dispone de ellos como de privanza exclusiva, propia. Es cierto, es la corrupción.

En ese documento también está el derecho a la alimentación y a la salud. En esta patria todavía no se muere de hambre, pero se cae enfermo por desnutrición. La culpa no es del pasado reciente y remoto, es de los mexicanos todos, que se niegan a comprometerse con su presente. Lo entienden, pero no lo arreglan.

Hace mucho nos negamos, como nación, a vivir el presente. Les compramos a nuestros gobernantes el ensueño de un futuro siempre inalcanzable. Nos quedamos en los linderos del Primer Mundo, como hoy estamos en el umbral de una 4T que carece de puertas, ventanas y paredes. Combatir la corrupción con expedientes abiertos, pero sin culpas demostradas y sanciones aplicadas, equivale a declarar la guerra al narco, o peor.

Tanto posponer lo inevitable, ha conducido a los gobiernos al más negro de los mundos. A la institución presidencial, al modelo político lo desestructuraron, lo convirtieron en un holograma de lo que fue, de ahí que hoy se conculque más el mandato constitucional que en el pasado inmediato; de ahí que los jóvenes busquen refugio económico y sucedáneo de seguridad, en las ofertas de empleo de los barones de la droga. La consecuencia es una violencia cruenta, perversa, debido a que el Estado y los gobiernos que la administran abdicaron del mandato constitucional y del poder legal, al menos desde 1982, cuando se decidió poner a remate la fuerza económica del Estado y del poder. Los empresarios no aprendieron a administrarlo, por temor a ensuciarse las manos.

La delincuencia organizada, a querer o no, es un poder fáctico real que no se puede combatir con estrategia financiera ni por conductos normales. Es un Estado dentro del Estado, con más cabezas que la hidra y dientes más fuertes y afilados que los de Cerbero.

La manera es infiltrarlos, como ellos infiltraron a las instituciones, y completar el esquema con la reforma del Estado, para contar con un gabinete de seguridad en la sombra, que no tema cumplir la ley ni el mandato constitucional para restablecer el orden.