La transición inicia cuando desaparece la impunidad, los fiscales dejan de acomodarse con los delincuentes e integran adecuadamente las carpetas de investigación, y los jueces dejan de recibir consignas desde arriba, o de algún otro lado. Sólo permanece un dilema: ¿cómo desaparecer las amenazas sobre los administradores de justicia?
Hoy, aquí, no hay voluntad política para el cambio. La lucha contra la corrupción parece haberse trastocado en la manera de innovarla para aparentar que se le combate de manera efectiva. Sólo hay que ver cómo florecen el narcotráfico, el comercio informal, la trata y, faltaba más, esos delitos de cuello blanco que tanto lesionan a la población. La violencia cunde, como prolifera el insulto de las autoridades en contra de aquellos que los llevaron a los cargos de elección popular o los sentaron en las funciones administrativas. Es necesario recordarles que cobran gracias al pago puntual de los impuestos.
Regresemos con Tatiana Rincón-Covelli, para esforzarnos en determinar en dónde estamos realmente ubicados en materia de transición, de cambio de régimen, de refundación de la República, de regeneración nacional. ¿Será que dimos un salto hacia atrás?
Destaca: “El derecho parece funcionar de manera distinta en las transiciones (transformando un orden político, moral y jurídico determinado y transformándose a sí mismo como sistema) porque en esos momentos es llamado expresamente a dar respuesta a cierta clase de injusticias del pasado que parecen no poder tramitarse ni por los canales jurídicos previos a la transición (porque están comprometidos con los crímenes del pasado o porque han sido impotentes para prevenirlos o para responder a ellos después de cometidos) ni por las vías jurídicas propias de un Estado de derecho estable (porque son las que el derecho en la transición busca precisamente ayudar a construir)”.
Insisto, no hay voluntad política para modificar el estado de cosas que mantiene a México en el caos. Se vive con intensidad esa engañifa que prescribe a los tontos que es necesario cambiarlo todo, para que todo siga igual. Se constata con ese intento de pasar por el Senado de la República una reforma constitucional en justicia penal, para despojar al sistema de lo poco bueno que había logrado. Al arraigo del supuesto culpable corresponde el secuestro de la ley.
No huyan de la responsabilidad anotada por los especialistas: “La justicia transicional obliga, como hemos dicho antes, a mirar y a detenerse en los horrores del pasado, a tratar de comprender qué fue lo que pasó y por qué pasó, a asumir responsabilidades individuales e institucionales por esos horrores, a reconocer el daño causado a las víctimas, a restablecer su dignidad como seres humanos y miembros de comunidades políticas y a reparar, en lo posible, los efectos de los daños sufridos. Cuando la justicia transicional hace todo esto, se hacer cargo de un legado de injusticias y crea, a la vez, las condiciones de posibilidad para que otros principios de justicia puedan ser aplicados y para que otras dimensiones de la justicia adquieran relevancia”.
Pero no, aquí sucede lo contrario. Alejandrina Guzmán Salazar, hija de Joaquín El Chapo Guzmán, se casó en la ciudad de Culiacán; contrajo nupcias con Edgar Cázares, quien es señalado como sobrino de Blanca Margarita Cázares Salazar, a quien la DEA identifica como la líder de la red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa, también conocida como La Emperatriz del narco.
Pero estamos en la 4T. ¿O no?
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Gregorio Ortega Molina 