La Costumbre del Poder: Gobernantes vs. el Estado

Gregorio Ortega Molina 20 de noviembre de 2019 – 00:13
“Sin dinero no hay autoridad que valga”, leo en las novelas históricas de Santiago Posteguillo, que exhiben la consunción del Imperio romano, y así parece difuminarse el presidencialismo mexicano
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Si tomamos como fecha para iniciar el desarrollo de este análisis, el 5 de febrero de 1917, no es aventurado señalar que la mayoría de nuestros gobernantes conculcaron el mandato constitucional y, además, atentaron contra el Estado al que debieron servir.

Álvaro Obregón pavimentó su ascenso y consolidación en el poder sobre cadáveres de generales y opositores, abiertos o embozados: Felipe Ángeles, Francisco Serrano, además de con la reforma constitucional para reelegirse de manera legal, propia, adecuada. La simulación perfecta, para instaurar la dictadura perfecta.

Plutarco Elías Calles, que fue un constructor de instituciones, planchó al vasconcelismo, nulificó a los caudillos sobrevivientes a las purgas obregonistas, y creó, desde el Estado, al partido (PNR-PRM y PRI) que fue útil para gobernar a México desde 1929 hasta el año 2000, cuando al fin perdió las elecciones, con el interregno 2012-2018, tiempo en que acumuló todos los agravios que los mexicanos decidieron no soportar más.

Entre Calles y Lázaro Cárdenas del Río hicieron algo genial: dotaron a la institución presidencial de un perfecto instrumento de poder, al que enriquecieron al paso de los años con los sectores, los gobiernos estatales y la posibilidad de influir directamente en la economía, a través de los activos del Estado: Pemex, Telmex y todas las empresas que fueron fuente de riqueza y, sí, también de corrupción.

 La guardia pretoriana del PRI fue incapaz de comprender que la “modernización” de México requería la desestructuración y descrédito de ese organismo político. José María Córdoba Montoya diseñó esa tarea imprescindible y a ella se dedicó. Es una de las razones de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Carlos Salinas de Gortari es el verdugo de este candado de la fortaleza del Estado mexicano.

La guerra sucia, o el combate “discreto y artero” en contra de la oposición, no se reduce a unos años en la década de los 70’s. Son anecdóticos los vuelos sobre el mar ordenados

por Carlos I. Serrano. Aunque también es cierto que        -en este país, como en todos- cuando estorbas desapareces. ¿Dónde fue a dar Ben Barka? ¿Dónde enterraron a Jimmy Hoffa? ¿Quiénes determinaron el homicidio de Rubén Jaramillo?

La institución presidencial hoy, únicamente puede sostenerse sobre la mentira, como se ha mostrado de manera reciente con las consecuencias del caso Culiacán. El hilo lo rompieron por lo más delgado, y decidieron exhibir a un coronel del Ejército mexicano, sin medir seguridad personal y familiar.

La debilidad irreversible de la institución presidencial lastra al Estado, que queda imposibilitado de dar respuesta certera y adecuada a las exigencias de los electores de su gobierno.

“Sin dinero no hay autoridad que valga”, leo en las novelas históricas de Santiago Posteguillo, que exhiben la consunción del Imperio romano, y así parece difuminarse el presidencialismo mexicano. ¿Lo entenderán?

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La Costumbre del Poder: Jaime Bonilla

Gregorio Ortega Molina 19 de noviembre de 2019 – 00:13
Para Rogelio Padilla Ibarra gran cachanilla
La autoridad política y moral está amarrada a la capacidad de respuesta económica a lo ofrecido. También lo consigna la historia de Roma. La lealtad se pagó con denarios
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Hay problemas políticos que no deben asumirse como resueltos. La actitud del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y las consecuencias de la falta de respuesta de las autoridades que lo debieron contener y sancionar, dejan un vacío en el estómago y en la legalidad. Nadie desea hacerse responsable de una tragedia electoral y constitucional. El dilema PERVIVIRÁ para siempre jamás… como en los cuentos.

  1. ¿Puede conculcarse el voto?
  2. ¿Está facultado el congreso de Baja California para modificar, sin más, la voluntad ciudadana?
  3. ¿Por qué decidieron no escuchar la voz de alarma del INE?
  4. Sabemos que la SCJN tiene sus propios tiempos, pero en un caso en que se propicia la habladuría, el rumor, el vocerío sobre la posibilidad de estar preparando el camino de la reelección de AMLO, a través de la maña de la prolongación del mandato, ¿no debió abrir la boca y emitir una opinión?
  5. ¿No debió, la SCJN, trabajar a marchas forzadas, para dar respuestas a las controversias constitucionales presentadas?
  6. Si fue electo por dos años, y protestó para gobernar cinco, ¿no hay un delito adicional?
  7. Ahora que se inicia el estudio para una reforma al Poder Judicial de la Federación, ¿no es oportuno puntualizar las facultades de la SCJN en la defensa de los intereses de la sociedad, ante los abusos de poder? ¿Cuándo el delito se comete a la vista de todo mundo, no es obligación de los ministros levantar la voz y detener el desaguisado constitucional y legal?

El mundo de ayer dejó de existir. El futuro está abierto, tan grande es el boquete, que puede perderse como el agua de una presa que se desfoga. El cambio no incluye las violaciones a la ley y a la Constitución, pero a nadie parece preocupar que para que la institución presidencial PERVIVA sobre los otros Poderes, México entra a un retroceso imparable y de consecuencias desastrosas.

Es cierto, no todo pasado fue mejor, pero la incertidumbre en que nos colocan por la falta de proyecto, favorece la suspicacia y permite suponer que no habrá reelección, pero sí una prolongación de mandato, si el México bueno y sabio así lo pide.

Stefan Zweig lo vio a tiempo: “Las masas, que durante decenios habían cedido, calladas y dóciles, el dominio a la burguesía liberal, de repente se agitaron, se organizaron y exigieron sus derechos. Precisamente en la última década, la política irrumpió con ráfagas bruscas y violentas en la calma de la vida plácida y holgada. El nuevo siglo exigía un nuevo orden, una nueva era”.

Pero en estos casos la autoridad política y moral está amarrada a la capacidad de respuesta económica a lo ofrecido. También lo consigna la historia de Roma. La lealtad se pagó con denarios.

 

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La Costumbre del Poder: Bendita austeridad

Gregorio Ortega Molina 18 de noviembre de 2019 – 00:13
Aprendimos mucho. Por lo pronto lo que no debe olvidarse, y también la manera en que puede disponerse de lo que estorba; el mundo ha encontrado formas políticamente novedosas para hacer a un lado a los pobres y servirse del trabajo esclavo. ¿Conservar los CAED? A los que allí asisten urge cancelarles el futuro
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Los mexicanos, todos, hemos de mostrarnos agradecidos. La 4T y el cambio de régimen van. Se trata de sanear al país, despojarlo del lastre de la corrupción, de los pobres, de los enfermos… es tal la reingeniería social, que parecemos estar ante una eugenesia de todo lo que les estorba.

No es eufemismo. Sobrecargan de trabajo a las madres y los abuelos, debido a la fumigación de las guarderías; modifican el sector salud y la adquisición de medicamentos, con un alto riesgo (muchas vacunas continúan inexistentes), para ahora evolucionar a la desaparición de los centros de enseñanza para jóvenes con alguna discapacidad.

Por nota de Alexis Ortiz, de El Universal, nos enteramos de que “la enseñanza especial que reciben jóvenes con alguna discapacidad en más de 300 planteles federales de educación media superior, está en riesgo de desaparecer, debido al plan de austeridad del gobierno federal.

“Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), un programa piloto que nació hace diez años, no es reconocido como un proyecto

oficial y hasta ahora no ha sido considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“En el Primer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se indica que en esta modalidad educativa hay 27 mil 878 estudiantes. En el documento se detalla que 46 por ciento de alumnos padece una discapacidad intelectual; 16 por ciento una motriz; 14 por ciento, una auditiva; 10 por ciento una visual, y 2 por ciento una psicosocial.

“Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, acepta que actualmente no se cuenta con recursos económicos para darle continuidad a los CAED”.

¡Vaya cachaza del gobierno del cambio!, lo primero fue olvidar buena parte de su oferta política de campaña, y en cuanto sintió que la Silla del Águila le queda bien, procedió a quitar lo que le estorba, tal como lo hicieron los jerarcas nazis en cuanto decidieron desestructurar la República de Weimar, recuperar la grandeza de Alemania, y darle una lección a Europa y al mundo, ¡nomás faltaba!

Y sí, aprendimos mucho. Por lo pronto lo que no puede ni debe olvidarse. ¡Nunca jamás!… y también la manera en que disponen de lo estorboso. Muchos olvidaron lo primero, y recuerdan al pie de la letra lo segundo, porque el mundo ha encontrado novedosas formas políticas de hacer a un lado a los pobres y de servirse del trabajo esclavo. ¿Para qué conservar los CAED? A los que allí asisten quieren cancelarles el futuro.

 

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La Costumbre del Poder: 4T desafinada, como el PRI

 Gregorio Ortega Molina 15 de noviembre de 2019 – 00:13
 
*Toda reforma parcial garantiza la permanencia del Estado en terapia intensiva. Deben comprender que lo que estorba es el modelo presidencialista, y si eso no se modifica, olvídense de la 4T, de la nueva República, de la regeneración nacional. ¿Por qué se niegan a hacer lo que deben, y a cumplir con el mandato constitucional?
 
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Servir al Estado es más difícil que observar puntualmente el dogma de la fe. El primero requiere de una voluntad férrea, pero de una conciencia elástica, amoldable a todo evento; la divinidad, por el contrario, al tener el perdón y la penitencia, tolera una voluntad débil, pero sin una inquebrantable aceptación del dogma jamás se llega al paraíso.

¿Qué reforman los sínodos, qué modificaron durante el último Concilio Vaticano, cómo han de leerse las encíclicas papales?

Por el contrario, para servir al Estado pueden y deben modificarse la legalidad y la Constitución. Las instituciones de la República nada tienen que ver con las que defienden a la Fe, creadas por los administradores de las diversas religiones. Si hay una trinidad divina, también existe una republicana: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, las tres garantías de la legalidad y la observancia al mandato constitucional.

     Las líneas que separan a una de otra de esas tres instituciones de la República, de esos tres garantes de la vida y permanencia del Estado, son tenues, pero nunca deben confundirse, de otra manera el Derecho se pierde y su lugar es ocupado por la impunidad.

     Lo único verificable, cierto e incómodo, es que, desde la fundación del Estado como producto de la Revolución, el mandato constitucional se incumple. Cierto, se consigna lo que las instituciones de la República deben garantizar a los ciudadanos: salud, empleo, educación, justicia, seguridad, alimento, vivienda… y la lista de derechos es alargada por los gobiernos, para tranquilidad de la conciencia de quienes los encabezan.

     De 1917 a 2019 trascurrieron 102 años… que fueron suficientes para que las instituciones de la República se pudrieran. Hoy son ineficaces para ser herramienta en el cumplimiento del mandato constitucional. La única solución es hacer lo que no está permitido en las religiones: cambiar el dogma. Es decir, una profunda y sincera reforma del Estado que quite lo que estorba y cree o recree las facultades que den aliento y vida sana a la Nación, a la patria, al orgullo identitario (sin nada que ver con el movimiento racista francés) de ser mexicano.

     Insisto en lo que señalé durante la semana: toda reforma parcial es garantizar la permanencia del Estado en terapia intensiva. Deben comprender que lo que estorba es el modelo presidencialista, y si eso no se modifica, olvídense de la 4T, de la nueva República, de la regeneración nacional. ¿Por qué se niegan a hacer lo que deben, y a cumplir con el mandato constitucional?

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La Costumbre del Poder: Ordenarse para cambiar

Gregorio Ortega Molina 14 de noviembre de 2019 – 00:13
En la reforma del Poder Judicial de la Federación, ¿quién le va a leer la cartilla a quién? El ex ministro Cossío tiene estatura moral y prestigio profesional para hacerlo. El presidente Zaldívar es de apellidos largos y corazón pequeño
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¿Dónde debió iniciar la regeneración nacional? ¿Cuáles debieron ser los primeros pasos de la 4T? El desorden legal y constitucional es lo que permite la corrupción, la impunidad, la inseguridad pública y jurídica y todas las consecuencias que derivan de lo anterior.

Los presidentes municipales no necesitan reclamar a las puertas de Palacio Nacional, para recibir una respuesta excesiva, en gas y palabras. Son autoridad electa. Sin embargo, normalistas, integrantes de la CNTE y los “anarcos” de la Ciudad de México, merecen la tolerancia del desorden, del temor a ser confundido con ese modelo político priista tan odiado, pero que apuestan a restaurar.

El incremento en impuestos a bebidas alcohólicas, tabaco y demás, debió quedar establecido, pero Gerardo Fernández Noroña, favorecido por el desorden legislativo, argumentó que debía cumplirse la promesa de AMLO de que no habrá más impuestos. En el ámbito fiscal el cumplimiento siempre es selectivo, discrecional y negociado.

Lo anterior viene a cuento porque, de acuerdo a información del Instituto Belisario Domínguez, “al 12 de octubre del año en curso, el Congreso de la Unión tiene pendiente la expedición de nueve leyes reglamentarias de reformas constitucionales en las materias de: derechos humanos, catastros municipales, reforma política de la CDMX, registros civiles, justicia cívica e itinerante, código único en materia procesal civil y familiar y prisión preventiva oficiosa”.

Omisiones legislativas del Congreso de la Unión: deudas normativas vigentes, se titula la investigación elaborada por César Alejandro Giles Navarro, y en ella se detalla el hecho perjudicial, pues la inactividad legislativa a nivel federal acumula plazos vencidos entre dos meses y siete años.

La información proporcionada por el Senado de la República, indica que, “ante la falta de medios de impugnación y sanción específicos para la inactividad legislativa, la SCJN ha venido afinando diversos criterios jurisprudenciales en la materia, como cuando en el año 2018 ordenó al Congreso de la Unión que expidiera la Ley General de Comunicación Social, al resolver un juicio de amparo indirecto promovido por la asociación Artículo 19.

“En este último caso, el estudio recuerda que el entonces ministro José Ramón Cossío Díaz llegó a advertir que, si el Congreso no atendía el mandato de la Corte, ésta procedería a separar de sus cargos a los 628 legisladores, inhabilitarlos y someterlos a proceso penal, por la comisión de un delito en contra de la administración de la justicia.

“En términos de omisiones relativas (leyes deficientes), el Poder Legislativo también ha sido omiso al no aprobar una reforma fiscal que incremente la recaudación para que el Estado pueda cumplir a cabalidad con sus funciones”.

Es en este contexto que se convoca a la reforma del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién le va a leer la cartilla a quién? El ex ministro Cossío tiene estatura moral y prestigio profesional para hacerlo. El presidente Zaldívar es de apellidos largos y corazón pequeño.

 

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La Costumbre del Poder: Efectos devastadores de la violencia

Gregorio Ortega Molina 13 de noviembre de 2019 – 00:13
Los gobiernos pierden el poder, pero en los mexicanos de a pie se afecta la manera de ser. Ahora, aquí, se vive con miedo
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El daño causado por los miles de muertes trasciende a sus deudos, pues tiene efectos anímicos en la sociedad, económico en el desarrollo, y de confianza en el gobierno. Las familias se echan al corazón su duelo, nosotros, los demás, lo asumimos como daño colateral en la vida de todos los días.

Aunque quizá el mayor de los daños es el lastre de las desapariciones, que no se resuelve con las fosas clandestinas, pues resulta difícil saber a quién corresponden los despojos, porque muchos de los desaparecidos, o casi todos, se fueron sin dejar rastro de su ADN. ¿Contra qué confrontar la muestra que pueda tomarse de los restos, si es que se puede? ¿Cuántos no se habrán despedido ante cenizas o huesos que no corresponden a sus familiares dados por perdidos?

Además de los psiquiatras y de los que se pasan de vivos, también se preocupa el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, que en la investigación Inseguridad y sus efectos en la democracia. Análisis basado en la percepción de la ciudadanía, determina que la falta de seguridad representa un problema que crece y se desdobla, pues a nivel perceptivo también afecta la valoración que hace la ciudadanía de la democracia, no sólo el estado de ánimo y la confianza.

El estudio fue realizado por el investigador Israel Palazuelos Covarrubias, y en él hace una revisión demoscópica del impacto de la inseguridad sobre la manera en que se concibe la democracia. Señala que las personas que más se preocupan por la delincuencia son las que piensan que nuestra democracia tiene grandes problemas.

La información proporcionada por el Senado, indica que el estudio “descubre que la preocupación de los ciudadanos por llegar a ser víctimas de un delito con violencia, se encuentra relacionada con su postura ante la democracia: su nivel de satisfacción con ella, el tipo de democracia que perciben, así como la preferencia que manifiestan entre un gobierno democrático y uno autoritario.

De acuerdo con la investigación, la percepción que se tiene de la inseguridad afecta la calidad de vida de las personas y la percepción sobre el sistema democrático, sus instituciones y procesos, además de que se refleja en enojo e insatisfacción con el gobierno.

“Asimismo, opinan que la inseguridad puede ser un factor de regresión de la democracia y que la única manera de combatirla es consolidando las instituciones del Estado mexicano”.

Entre los efectos de la violencia encontramos que los gobiernos pierden el poder, pero en los mexicanos de a pie se afecta la manera de ser. Ahora, aquí, se vive con miedo.

 

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La Costumbre del Poder: Reforma judicial inútil

 Gregorio Ortega Molina 12 de noviembre de 2019 – 00:13

Reconstruir la credibilidad en los jueces, no es sinónimo de fortalecer la confianza en el modelo político. Así sólo alargan la vida artificial del paciente: la institución presidencial

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Los pagos a plazos siempre resultan comprometedores, tanto para el acreedor como para el deudor. Lo mismo ocurre con la política, la renovación nacional, el cambio de régimen, no puede hacerse en parcialidades. La retribución a la sociedad, que tanto ha esperado, debe realizarse de manera integral.

Las reformas parcializadas al modelo económico y al sistema político, sólo han alargado, de mala manera, la agonía de una institución presidencial agotada, sin respuestas efectivas a los reclamos de los electores, vaciada de su poder paso a paso, desde 1982. Deben comprender que la desincorporación de los activos del Estado, equivale a su disminución. La desestructuración del corporativismo acabó con las correas de transmisión que dieron fuerza y viabilidad al presidencialismo conceptuado por Plutarco Elías Calles.

La peor de las decisiones fue compartir esa autoridad legal con los distintos poderes fácticos. La responsabilidad recae sobre quien encabeza la Presidencia de la República, pero el cómo y el cuándo ha de actuarse para gobernar, se determina en acuerdos cupulares.

Así es como se han creado vacíos de poder, y se ha permitido que, en amplios espacios de la república, el Estado fuese sustituido por otras fuerzas sociales, económicas o delincuenciales. La presidencia vertical no existe.

La reforma al Poder Judicial de la Federación de Ernesto Zedillo, sólo contribuyó a alargar la vida del modelo político, de la misma manera que se prolonga la respiración de un paciente con muerte cerebral. Es una vida artificial.

Hoy están empeñados, otra vez, en prolongar la vida a un sistema político caduco, porque es sólo una reforma parcial la que emprenden, cuando lo que se requiere es transformar al Estado e ir hacia un presidencialismo parlamentario.

Pero escuchemos la voz de Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia República:

“Uno de los grandes objetivos de esta Cuarta Transformación, es el fortalecimiento del Estado de Derecho y del Sistema de Administración y Procuración de Justicia.

“Hoy, el Poder Judicial enfrenta grandes retos que evidencian la necesidad de revisar nuestro sistema de justicia y realizar cambios al interior, que tengan como resultado devolver a la sociedad la confianza en las instituciones que la integran.

“Desde la perspectiva del Estado de Derecho, un adecuado acceso a la justicia y mecanismos eficientes de solución de conflictos generan incentivos para que los derechos fundamentales se protejan y se produzcan consecuencias para quienes transgreden los derechos de otros.

“Con ellos, se reduce la impunidad y la corrupción, al igual que mejora la capacidad del Estado de impartir justicia, así como alcanzar la igualdad y la paz social.

“No será posible concretar el cambio de régimen y la transformación de México, sin reforzar la independencia, calidad y el profesionalismo del Poder Judicial”.

Hasta aquí todo bien, pero reconstruir la credibilidad en los jueces, no es sinónimo de fortalecer la confianza en el modelo político. Así sólo alargarán la vida artificial del paciente: la institución presidencial.

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