La decisión de los pulcros y sentenciosos ministros no deja lugar a dudas: en asuntos de justicia, la SCJN administra con dos pesos y dos medidas, resuelve sobre los asuntos que le competen de acuerdo a las circunstancias políticas del momento y, en rara ocasión, apegada a la norma constitucional, legal y jurisdiccional, porque cada término representa un aspecto o faceta de lo que significa impartir justicia de acuerdo a la ley, o por sobre ésta.

     Los criterios jurisdiccionales no prevalecen, como puede atestiguarse en las diferencias que marcaron las resoluciones sobre el negro panorama, que se mantiene, entre las víctimas sobrevivientes y sus familiares, en el caso de la guardería ABC, donde los niños fueron preteridos por intereses políticos reafirmados durante una visita de Fernando Gómez Mont, entonces secretario de la Gobernación, a los honestos y morales ministros de la Corte.

     Durante la semana anterior se constató que los intereses políticos de la SCJN por preservar sus fideicomisos y sus prebendas, inclinaron su decisión y dieron palo a los integrantes de la CNTE, a los disidentes de la evaluación magisterial porque, ahora sí, los intereses de las víctimas, que son los niños, deben prevalecer por sobre los intereses de los victimarios, que son esos maestros que se niegan a cumplir con su obligación constitucional. Ni pío dicen del incumplimiento administrativo de las secretarías de Hacienda y Educación Pública, que pagan la nómina en contra de sus propias decisiones.

     En la búsqueda de los conceptos para explicarme lo que sucede en México, recuerdo una novela de Sándor Márai, donde leo: “Sin embargo, al contemplar la vorágine de la época, a veces tenía la sensación, o al menos le parecía tenerla, de que no había podido prever el proceso de descomposición que lo barría todo y que hacía temblar los cimientos de las cosas. La ley, en sus crueles intransigencias, resultaba demasiado débil e ineficaz comparada con la tiranía de los tiempos…”.

     Quizá, pienso, debamos añadir que esa tiranía de los tiempos también transforma, modifica y debilita, para peor, el carácter y la conciencia de jueces, magistrados y ministros de los fueros común y federal, porque hoy la administración de justicia se trafica, al mismo nivel que se compra y vende el producto del narcotráfico, o las armas.

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AMN.MX/gom/pp